Presentan Observatorio Económico México ¿Cómo vamos?

Las organizaciones de la sociedad civil México Evalúa (@MexEvalua) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (@IMCO), junto con un grupo de 40 expertos en economía y política pública lanzaron el Observatorio Económico “México ¿cómo vamos?” (@MexicoComoVamos) con el objetivo de acabar con la autocomplacencia e impulsar y aportar al crecimiento económico acelerado y sostenido que hace tres décadas no se consigue en el país y cumplir con un avance en una serie de indicadores económicos y sociales significativos.

El observatorio económico calculó metas necesarias en cada indicador para ser conseguidas a fines del sexenio que empieza el 1° de diciembre, al tiempo que evaluará cada tres meses los avances en cada variable por medio de un Semáforo Económico. Por ejemplo, los expertos coinciden en que para construir un país competitivo, desarrollado y una sociedad más justa es necesario crecer de manera sostenida entre el 6 y el 7% y generar más de 1 millón de empleos formales al año, mientras que en este primer reporte, el Semáforo Económico muestra el crecimiento en amarillo, con un 4.1% de crecimiento hasta el segundo trimestre de este año.

El monitoreo propuesto por las organizaciones y el grupo de economistas y expertos busca entre otras cosas conseguir la generación de un millón de empleos anuales, cifra que se ha manejado desde los años noventa como solución al rezago en la creación de empleos. Los expertos afirmaron en la presentación que además del estancamiento económico, en los últimos tres sexenios nunca se cumplió con la aspiración en generación de empleos por lo que hay un déficit de unos 6 millones de empleos en este periodo. Si había que crear 18 millones de empleos, sólo se consiguieron 6, migraron 6 millones de personas y faltaron 6, afirmó el economista Luis de la Calle, durante la presentación de este monitoreo económico. Por otra parte, al segundo trimestre del año, se han creado en el país más de 523 mil empleos, un indicador que el Semáforo muestra también en amarillo.

Como se observa en la tabla, la mayoría de los indicadores están en colores amarillo y rojo, los cuales indican cifras por debajo o muy por debajo de lo necesario para cumplir las metas trazadas.

En cuanto a la inflación, el Observatorio Económico plantea que lo ideal es tener un alza de precios de no más de 3% anual, aunque en lo que va del año ya se registro un avance de 4.57% en los precios. Este es otro semáforo en amarillo.

Otro indicador es la inversión necesaria para el país cada año, calculada por los economistas en un 25% del PIB de cada año. La inversión a nivel nacional consta de dos partes: el capital privado y el público. Del 25% necesario, la última cifra conocida es que se ha conseguido más de 23%.

En cuanto a la inversión privada, la meta para fin de sexenio ya se ha conseguido este año aunque puede mejorar, pues lo neceario es alrededor de 18 o 20% del PIB, cuando en al segundo trimestre del año, el porcentaje registrado es 18.4%. Sin embargo, lo que está muy por debajo de lo necesario es la inversión del sector público, la cual debería estar alrededor de 6% del PIB para fin de sexenio y por el momento sólo llega a 4.9%. En el foro de expertos en la presentación del Semáforo Económico se explicó que en buena medida el estancamiento del país desde 1982 fue gracias a la caída de la inversión pública a raíz de la crisis financiera de aquel año. La inversión pública se ha recuperado después de tres décadas, aunque aún está por debajo de su nivel de los años ochenta y del porcentaje necesario para el crecimiento sostenido.

El cumplimiento de estos y otros inicadores contribuirá a: expandir y fortalecer Ia clase media; atacar las principales carencias, reducir la desigualdad de oportunidades y lograr máximo de bienestar e inclusión social en nuestro país.

Para alcanzar los objetivos señalados, de manera constante y continua los expertos buscan:

1) Metas agresivas y puntual seguimiento trimestral,

2) Generar mayor conocimiento de temas económicos,

3) Aportar sustancia a la discusión de los temas más importantes para la agenda del país, y

4) Impactar en las políticas públicas.

Entre los expertos que conforman el observatorio se encuentran: Oliver Azuara, Magdalena Barba, Jorge Basave, Enrique Cárdenas, Emilio Carrillo, Luis de Ia Calle, José Luis de la Cruz, Gerardo De Ia Peña, Rodolfo De la Torre, Carlos Elizondo, Gerardo Ezquivel, Arturo Fernández, Onésimo Flores, Luis Foncerrada, Carlos García Moreno, Rodrigo García Verdú, Juan Ignacio Gil Antón, Bernardo González Aréchiga, Miriam Grunstein, Jonathan Heath, Blanca Heredia, Fausto Hernández, Alejandro Hernández, Carlos Ibarra, Edna Jaime, Ramón Lecuona, Manuel Molano, Juan Carlos Moreno-Brid, Ciro Murayama Rendón, Roberto Newell, Pedro Noyola, Guillermo Ortiz, Juan Pardinas, Jaime Ros, Luis Rubio, Luís Sánchez Mier, Fernando Sánchez Ugarte, John Scott, Jaime Serra, Ricardo Soiís, Ignacio Trigueros, César Octavio Vargas, Alejandro Villagómez, Alejandro Werner, Jesús Marcos Yacaman, Jaime Zabludovsky y Leo Zuckermann.

Página del Observatorio Económico

Presentan el Indice de Transparencia Focalizada para PYMES

La Escuela de Graduados en Administración Pública del Tecnológico de Monterrey, con el apoyo del Fondo Multilateral de Inversiones y el Banco Interamericano de Desarrollo, se presentó el Indice de Transparencia Focalizada para PYMES 2012.

Se trata de un estudio que midió qué tanta información proporcionan entidades públicas y privadas a los pequeños y medianos empresarios para apoyarlos en su actividad.

Bruno Ferrari, secretario de Economía, dijo que "este índice representa un importante esfuerzo en la identificación de áreas de oportunidad para la generación de políticas públicas por parte de los distintos órdenes de gobierno, así como para determinar si las autoridades gubernamentales proporcionan información relevante y de utilidad a los emprendedores".

El propósito fundamental de este proyecto es fomentar la competitividad de las empresas.

Los principales resultados de este primer estudio demuestran que existe una oferta amplia de información útil para PYMES en diversos portales de las dependencias; pero esa información está dispersa y desorganizada.

Se afirma que hay débil cultura de la transparencia entre los empresarios ya que menos del 40 por ciento de los encuestados buscó información en los últimos 12 meses.

Los resultados de la encuesta muestran que en cuanto a la información que brindan las dependencias y entidades de gobierno a las PYMES, la Secretaría del Medio Ambiente tuvo el promedio más bajo, las mejores evaluaciones las tuvo Nacional Financiera; de los estados, el Estado de México fue el mejor evaluado, y el estado de Jalisco quedó el último lugar.

A nivel municipios, Monterrey recibió el puntaje más alto, y la delegación Iztapalapa en el Distrito Federal recibió el más bajo.

Las pequeñas y medianas empresas son una parte muy importante de nuestro país; generan siete de cada 10 empleos, su producción representa cerca del 40 por ciento del Producto Interno Bruto.

"Así, los apoyos y la estrategia para el impulso de las pymes que se han implementado en esta administración no tienen precedentes, hemos apoyado la creación de más de 51 mil empresas, 51 mil 520, y la generación de 411 mil 867 puestos de trabajo, así como la conservación de casi 6.5 millones de puestos de trabajo en todo el país", agregó el secretario de Economía.

Necesario crear un auténtica política nacional de transparencia

Especialistas participantes en la IX Semana Nacional de Transparencia se pronunciaron a favor de articular y dar coherencia a las acciones, normas y propuestas de reformas en la materia, para orientarlas hacia una efectiva rendición de cuentas y constituir una auténtica política de Estado en este rubro.

Al respecto, Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que las recientes propuestas de reformas en transparencia requerirán de un “horizonte de mediano plazo” que permita construir un auténtico sistema de rendición de cuentas, que tanto necesita el país.

Para el investigador, ese es el reto al que se tendrá que hacer frente si los cambios prosperan, pues dijo que ya se ha visto que las reformas constitucionales, si bien son necesarias, no constituyen, por sí mismas, “la varita mágica que transforma la realidad”.

Durante su participación en el panel Transparencia y Rendición de Cuentas de este evento organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), López Ayllón hizo un breve recuento de las reformas hechas hasta ahora, y concluyó:

“El resultado de todas estas reformas puede sintetizarse de la siguiente forma: aunque la Constitución contiene normas en materia de acceso a la información, transparencia, contabilidad gubernamental, ejercicio de recursos públicos, fiscalización y responsabilidades, éstas no tienen la articulación necesaria ni el anclaje institucional que permita que operen eficazmente”.

López Ayllón opinó que se han puesto sobre la mesa las piezas del rompecabezas, pero sin armarlo institucional, procedimental ni culturalmente.

Aseguró que lo anterior se debe, en parte, a que todas esas reformas carecen de unidad de propósito orientado a la rendición de cuentas, aspecto que se vuelve particularmente delicado en la coyuntura actual en la que se ve, de nueva cuenta, una “ola de iniciativas”, cada una con méritos propios, pero que no se articulan entre sí.

El académico del CIDE indicó que la transparencia, constituida como una política de Estado, busca darle valor a la información, como un bien estratégico de la sociedad.

Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana y la Fundación Este País, señaló que este es el momento de empezar a dar coherencia y sentido al conjunto de acciones en materia de trasparencia, para terminar ya con la fragmentación institucional, política y administrativa.

Comentó que han transcurrido casi 12 años de innovaciones institucionales, de reformas legales, de construcción de andamiajes cada vez más técnicos, y que ahora lo que se requiere es articular esos esfuerzos de manera que se pueda constituir una auténtica política nacional en transparencia.

Otro panelista, Alfonso Medina y Medina, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habló de la iniciativa enviada al Congreso para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de cómo se ha aplicado este cuerpo normativo en sus cuatro años de vigencia, a partir del 1º de enero de 2009.

Al respecto, comentó que hoy en día todavía no se conoce cuál es el tamaño, la cantidad y la calidad del patrimonio del Estado, y que la Ley está dando una “espléndida oportunidad” para ello.

El verdadero objetivo de la ley, agregó, es generar información financiera, contable, presupuestaria, programática de manera masiva y cotidiana, es decir, en tiempo real, además de que se va a incrementar la transparencia de la información de las acciones públicas.

Versiones estenográficas de la IX Semana Nacional de Transparencia

OCDE y México trabajarán en el diseño de mejores prácticas de políticas públicas para el desarrollo y crecimiento

El Presidente Electo de México, Enrique Peña Nieto y el Secretario General de la OCDE, José Angel Gurría, firmaron una Declaración de Intenciones con el fin de establecer un Acuerdo Marco para la Colaboración Estratégica entre México y la OCDE. 

La firma de esta Declaración de Intenciones da inicio a una nueva fase de cooperación entre México y la OCDE, cuyas líneas de acción serán establecidas formalmente una vez que el Presidente Electo tome posesión de su cargo. El propósito es ampliar el apoyo de la Organización al gobierno mexicano para identificar las mejores prácticas en políticas públicas y desarrollar una agenda de reformas que mejoren las perspectivas económicas y sociales del país.

Para dar inicio a esta nueva fase de cooperación estratégica, el Secretario General Gurría entregó al Presidente Electo el documento “México: Mejores Políticas para un Desarrollo Incluyente”, mismo que forma parte de la serie “Mejores Políticas” de la OCDE. En este documento, los expertos de la OCDE evalúan los principales desafíos que enfrentará la nueva administración, incluyendo recomendaciones puntuales de políticas públicas en 21 temas prioritarios para México. El análisis de la OCDE destaca la necesidad de construir un sistema fiscal robusto, ágil y redistributivo; un sistema educativo de vanguardia; un proceso presupuestario enfocado en los resultados de mediano y largo plazo; un Estado de Derecho eficaz y confiable; un nuevo marco laboral, más moderno e incluyente; un conjunto de reglamentos e incentivos que promuevan la competencia; un sistema nacional de innovación; una estrategia de crecimiento verde; un plan

energético estratégico, basado en una visión de largo plazo; un sistema de salud incluyente, sostenible y de calidad; y nuevos instrumentos para medir el bienestar de los mexicanos y para poder enfocar mejor las políticas públicas.

Este es un ejercicio que la OCDE realiza con países miembros y socios que se encuentran en procesos de transición, desde que el Secretario General Gurría inició su mandato. La OCDE ha llevado a cabo este tipo de estudios con países como España, Francia, Hungría, Italia, Japón y Reino Unido, por mencionar algunos ejemplos.

“Si lo hacemos con México con mayor entusiasmo y convicción”, aclaró el Secretario General, “no es sólo porque México sea mi país, sino además porque México es uno de los países de la OCDE que enfrenta más desafíos, tanto económicos como sociales, y por lo tanto requiere un esfuerzo mayor de convergencia hacia los estándares de bienestar de los países más avanzados”.

El Presidente Electo y el Secretario General coincidieron en que nuestro país tiene un potencial de crecimiento enorme y que tiene frente a sí una oportunidad histórica para desarrollar dicho potencial, pero que necesita de cambios profundos y reformas estructurales para lograrlo. “Por ello estamos aquí” señaló el Secretario General de la OCDE “para establecer una asociación estratégica con un nuevo gobierno que comparte esta preocupación y que se ha comprometido con la implementación de dichas transformaciones. Y nos da mucho gusto poder apoyar este esfuerzo.” 

El documento que hoy se entregó al Presidente Electo es el preámbulo de un ejercicio más amplio en el que la OCDE trabajará con el Equipo de Transición de la nueva administración para producir un documento más detallado de propuestas sobre “Los Desafíos de las Políticas Públicas en México”, en el contexto de la serie de estudios “Getting it Right” que la OCDE elabora para apoyar a países en procesos de transición política. 

Dicho documento se nutrirá del trabajo de la OCDE con México y otros países y, a su vez, servirá de base para la celebración de un foro de políticas públicas, organizado en conjunto con otros organismos internacionales, que tendrá lugar en la Ciudad de México en enero de 2013, en el cual la nueva administración podrá tener una discusión de alto nivel con expertos nacionales e internacionales, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, de los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil, sobre las reformas que México requiere para lograr un crecimiento más justo, más elevado y sustentable.

La coordinación de estos trabajos durante esta primera fase estará a cargo del Luis Videgaray (como representante del Presidente Electo) y Gabriela Ramos (como representante del Secretario General de la OCDE).

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Dan a conocer el Índice de Gobierno Electrónico Estatal 2012

Los portales de internet de los estados de Jalisco y del EDOMEX obtuvieron el primero y segundo lugar, respectivamente, del Índice de Gobierno Electrónico Estatal (IGEE), correspondiente a 2012.

Dicha medición es realizada y publicada por la revista Política Digital desde hace siete años y se lleva a cabo conservando los mismos componentes del enfoque evolutivo: Información, Interacción, Transacción, Integración y Participación, incluyendo 143 preguntas distribuidas entre las cinco dimensiones que conforman el IGEE y es elaborado con la colaboración de observadores independientes, entre enero y junio del 2012. 

Cabe destacar que los portales de gobierno, cumplen un papel fundamental en la construcción de un gobierno transparente y abierto a la ciudadanía. Con las nuevas tendencias y más allá de la transparencia y el libre acceso a la información, ahora el nuevo enfoque actual involucra elementos de participación, colaboración e innovación. 

Entre los hallazgos más importantes destaca el incremento de la media del IGEE 2012 a 48.65 puntos, lo que representa una mejora de 19% comparada con los 40.89 puntos del año anterior. Este cambio se debe a los incrementos porcentuales superiores al 10% en todos los componentes del índice. Sin embargo, el componente de Transacción fue el que registró un mayor aumento: 49% más en comparación con el puntaje del año pasado. Si consideramos que los valores de este componente prácticamente se duplicaron en 2011, ambos resultados sugieren que los gobiernos estatales han mejorado de forma importante la oferta de servicios a través de internet en los últimos años. Asimismo, los componentes de Información, Interacción e Integración mostraron incrementos porcentuales de 12%, 11% y 14%, respectivamente. 

El componente de Participación ciudadana tuvo un crecimiento de 16%, que aunado al 26% obtenido el año anterior, sugiere avances en esta área, a pesar de sigue siendo el área con menor calificación (una media de apenas 15.05, en una escala de 100 puntos). Jalisco conserva el primer lugar en el ranking por segundo año consecutivo, aunque se observan movimientos entre los demás líderes. El Estado de México se recupera y ocupa el segundo lugar; el Distrito Federal avanza al tercero, y Baja California pierde una posición para quedar en cuarto sitio. Chiapas escala 13 lugares para colocarse en quinta posición, en un empate técnico con el portal del Estado de Nuevo León. 

Conclusiones 

Los cambios observados en las calificaciones de los portales son en su mayoría positivos, con la excepción de un estado que no sólo perdió posiciones, sino también una cantidad significativa de puntos en la evaluación. En el índice se resalta el esfuerzo de los gobiernos estatales que han reinventado, transformado sus organizaciones, empleado sus conocimientos y su aprendizaje para innovar y construir sus portales. Entidades como Jalisco, Nuevo León, Baja California, Yucatán, el Distrito Federal o el Estado de México, muestran que la mejor receta para mantenerse en los primeros lugares de manera más o menos consistente en el tiempo es mantener una estrategia y esfuerzo de toda la administración estatal para producir un portal apegado a los requerimientos y necesidades de los ciudadanos. 

Más aún, los marcos legales en cada entidad también juegan un papel importante en el desarrollo de los portales. Así, consideramos que la existencia de leyes de transparencia y acceso a la información explica -al menos parcialmente- el hecho de que el componente de Información sea siempre el que obtiene el mejor puntaje en esta evaluación, ya que exige hacer pública información básica de interés para el ciudadano e incrementar la rendición de cuentas. 

Si bien los esfuerzos de apertura de información en nuestro país son recientes (apenas hace 10 años el gobierno federal aprobó la primera de estas leyes), quizá sea ahora un buen momento para promover la reflexión sobre los resultados de estas leyes y la necesidad de su revisión para atender a las tendencias internacionales de gobierno abierto. 

Nuestras leyes deberían incorporar elementos que promuevan no sólo la transparencia, sino también la apertura de información, de manera que promuevan una mayor colaboración, innovación y participación ciudadana. La revisión de las leyes podría renovar el interés de los gobiernos estatales para mejorar los portales en las áreas de Interacción y Participación ciudadana. 

Este enfoque, como lo hemos comentado en años anteriores, requiere de la medición sistemática de los impactos de los portales estatales no sólo en términos de su funcionalidad o del uso que éstos tienen, sino del impacto que la calidad de los mismos en la recaudación, la transparencia, la innovación, la participación ciudadana y otros indicadores de creación de valor público.

Fuente: Con información de POLITICA DIGITAL

Texto amplio y tablas del IGEE

Primer Seminario Internacional sobre Monitoreo, Evaluación y Gestión por Resultados

El Centro de Aprendizaje en Evaluación y Resultados para América Latina (CLEAR) y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en colaboración con el Consejo Nacional para la Evaluación de la Políticas de Desarrollo Social (CONEVAL), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, están invitando a través de página de internet al Primer Seminario Internacional sobre Monitoreo, Evaluación y Gestión por Resultados, que tendrá lugar en la Ciudad de México los días 3 y 4 de septiembre de 2012 en el hotel Camino Real Polanco.

ANTECEDENTES

La desaceleración de la economía global impone nuevos desafíos para el desarrollo. Para los países en desarrollo, implica el reto de acelerar el fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos, y los ciudadanos, de contar con instrumentos creíbles y verificables para el monitoreo, la evaluación y la gestión por resultados, que permitan valorar, corregir y estructurar el mejor destino de los fondos públicos y generar la oferta de políticas públicas de mayor impacto. El aprendizaje y la cooperación internacionales ofrecen oportunidades únicas para la innovación, la identificación de complementariedades y sinergias para mejorar la eficacia de los gobiernos. No obstante, estos espacios han tendido a obviar los ámbitos subnacionales de gobierno y el enorme potencial del aprendizaje que supone este laboratorio natural de experiencias locales, que son poco conocidas en espacios internacionales y ofrecen respuestas creativas a los dilemas del desarrollo.

De manera gradual, aunque desigual, los gobiernos nacionales de América Latina, han incorporado mecanismos e instrumentos crecientes para valorar el desempeño del quehacer gubernamental, e informar la toma de decisiones de política pública. A partir de la ola descentralizadora de las últimas décadas, los gobiernos subnacionales han adquirido una serie de responsabilidades y atribuciones directas sobre la prestación de bienes y servicios públicos de alto impacto para el bienestar de la población. Sin embargo, dichas facultades no han sido acompañadas, necesariamente, por la construcción de capacidades de planeación, monitoreo, evaluación y gestión por resultados que permitan a los gobiernos locales responder de manera eficaz y eficiente a las características de la demanda; y detonar procesos de aprendizaje local que permitan la adaptación de estas útiles herramientas a las necesidades prioritarias de los actores subnacionales.

El principal objetivo de este seminario es identificar experiencias de actores subnacionales (gubernamentales y sociales) en materia de evaluación, monitoreo y gestión por resultados, con el fin de construir un espacio para la cooperación y el intercambio internacionales, centrado en actores y dinámicas subnacionales. A partir de un mejor conocimiento de dichas experiencias será posible identificar retos comunes y complementariedades potenciales que promuevan la socialización acelerada de aspectos estratégicos para el fortalecimiento de las capacidades subnacionales.

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Presentan el libro "De las Recomendaciones a las Acciones"

"En pocos años, el Estado mexicano ha ido avanzando en la construcción de un complejo sistema de evaluación. Desde la Constitución hasta los programas operativos anuales, existen ya normas que buscan que la evaluación se vuelva un componente decisivo en el trabajo administrativo".

Dicho texto es parte del prólogo del libro denominado "De las recomendaciones a las acciones. La experiencia del Premio 2011. Programas Federales comprometidos con el proceso de Evaluación" y que fue presentado por Guillermo Cejudo del CIDE y Claudia Maldonado. 

En el documento en mención se reconoce que "todavía existen desafíos enormes respecto al diseño de las evaluaciones, la calidad de los resultados, y la utilización que se pueda hacer de ellas en la gestión de los programas, así como en las decisiones presupuestarias. Este libro reconoce la necesidad de fortalecer el proceso de evaluación en las políticas públicas, y en él se recuperan las experiencias finalistas en un premio convocado para incidir en uno de los retos centrales: la atención que los programas federales dan a las recomendaciones de las evaluaciones externas, y su conversión en acciones concretas que mejoren los resultados de cada programa…”

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