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Por Alfredo Ruiz Ochoa (*)
El anuncio del Servicio Universal de Salud (SUS) representa, en el discurso, uno de los proyectos más ambiciosos del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo: permitir que cualquier persona se atienda en cualquier institución pública, sin importar su afiliación. Una idea poderosa en términos sociales.
Pero en política pública, las buenas ideas no bastan, no son suficientes.
México no tiene un sistema de salud universal; tiene varios sistemas coexistiendo. Esta fragmentación es resultado de décadas de decisiones por ejemplo el modelo priista vinculó la salud al empleo formal; los gobiernos panistas ampliaron cobertura sin cambiar esa lógica; y en el sexenio de López Obrador se intentó recentralizar con IMSS-Bienestar, sin resolver del todo los problemas operativos.
El Sistema Universal de Salud no parte de cero, sino de ese entramado. Su desafío central no es técnico, sino estructural: coordinar instituciones —IMSS, ISSSTE y sistemas estatales— que nunca fueron diseñadas para funcionar como una sola.
El decreto publicado este viernes 17 de abril en el DOF, propone que se “compensen” entre sí cuando atiendan pacientes ajenos. En papel suena eficiente; en la práctica, puede traducirse en más burocracia y afectar los tiempos de atención.
A esto se suma un punto clave: el financiamiento. El arranque no contempla recursos adicionales, lo que implica exigir más a un sistema que ya opera al límite en muchas regiones y queda claro que por ejemplo ISSSTE lleva la peor parte.
Basta mirar estados como el nuestro 🔹Baja California Sur, donde el acceso a servicios especializados sigue condicionado por traslados, saturación hospitalaria creciente y falta de personal médico especializado por varias razones, incluso la competitividad en sueldos. La universalidad, sin capacidad instalada suficiente, corre el riesgo de quedarse en promesa.
En este contexto, resulta relevante la reflexión publicada en La Jornada del viernes por 🔹Asa Cristina Laurell, quien insiste en la necesidad de integrar el sistema, pero también deja ver la complejidad operativa y financiera de lograrlo.
El componente digital del SUS apunta en la dirección correcta, aunque enfrenta rezagos tecnológicos y una brecha digital persistente.
El gobierno ha optado por una ruta gradual, intentando articular el sistema existente sin transformarlo de fondo. Es una decisión comprensible, pero también limitada.
El riesgo es claro: que el SUS termine siendo un mecanismo de coordinación más que una verdadera reforma estructural.
México necesita un sistema de salud más justo. En eso hay consenso. La pregunta es si las condiciones están dadas para hacerlo realidad.
Porque entre el decreto y la realidad, el trecho sigue siendo amplio.
(*) Exjefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del ISSSTE en BCS. Exsecretario Particular del Secretario de Salud del Estado de Nayarit.
