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Especialistas participantes en la IX Semana Nacional de Transparencia se pronunciaron a favor de articular y dar coherencia a las acciones, normas y propuestas de reformas en la materia, para orientarlas hacia una efectiva rendición de cuentas y constituir una auténtica política de Estado en este rubro.
Al respecto, Sergio López Ayllón, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), manifestó que las recientes propuestas de reformas en transparencia requerirán de un “horizonte de mediano plazo” que permita construir un auténtico sistema de rendición de cuentas, que tanto necesita el país.
Para el investigador, ese es el reto al que se tendrá que hacer frente si los cambios prosperan, pues dijo que ya se ha visto que las reformas constitucionales, si bien son necesarias, no constituyen, por sí mismas, “la varita mágica que transforma la realidad”.
Durante su participación en el panel Transparencia y Rendición de Cuentas de este evento organizado por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), López Ayllón hizo un breve recuento de las reformas hechas hasta ahora, y concluyó:
“El resultado de todas estas reformas puede sintetizarse de la siguiente forma: aunque la Constitución contiene normas en materia de acceso a la información, transparencia, contabilidad gubernamental, ejercicio de recursos públicos, fiscalización y responsabilidades, éstas no tienen la articulación necesaria ni el anclaje institucional que permita que operen eficazmente”.
López Ayllón opinó que se han puesto sobre la mesa las piezas del rompecabezas, pero sin armarlo institucional, procedimental ni culturalmente.
Aseguró que lo anterior se debe, en parte, a que todas esas reformas carecen de unidad de propósito orientado a la rendición de cuentas, aspecto que se vuelve particularmente delicado en la coyuntura actual en la que se ve, de nueva cuenta, una “ola de iniciativas”, cada una con méritos propios, pero que no se articulan entre sí.
El académico del CIDE indicó que la transparencia, constituida como una política de Estado, busca darle valor a la información, como un bien estratégico de la sociedad.
Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana y la Fundación Este País, señaló que este es el momento de empezar a dar coherencia y sentido al conjunto de acciones en materia de trasparencia, para terminar ya con la fragmentación institucional, política y administrativa.
Comentó que han transcurrido casi 12 años de innovaciones institucionales, de reformas legales, de construcción de andamiajes cada vez más técnicos, y que ahora lo que se requiere es articular esos esfuerzos de manera que se pueda constituir una auténtica política nacional en transparencia.
Otro panelista, Alfonso Medina y Medina, titular de la Unidad de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, habló de la iniciativa enviada al Congreso para reformar la Ley General de Contabilidad Gubernamental y de cómo se ha aplicado este cuerpo normativo en sus cuatro años de vigencia, a partir del 1º de enero de 2009.
Al respecto, comentó que hoy en día todavía no se conoce cuál es el tamaño, la cantidad y la calidad del patrimonio del Estado, y que la Ley está dando una “espléndida oportunidad” para ello.
El verdadero objetivo de la ley, agregó, es generar información financiera, contable, presupuestaria, programática de manera masiva y cotidiana, es decir, en tiempo real, además de que se va a incrementar la transparencia de la información de las acciones públicas.
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