Por Moisés Alcalde Virgen
socio Auditoría Ernst & Young
“Cuentas claras, amistades
largas” reza el refrán que hoy viene a cuento en ocasión de la iniciativa que
el presidente Felipe Calderón sometió al Congreso a través de la Cámara de
Senadores. Me refiero al proyecto que reforma la Ley General de Contabilidad
Gubernamental (Ley de Contabilidad) el cual tiene como objetivo el transparentar y armonizar la información financiera
relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de
gobierno.
A través de esta ley, aprobada en
el 2008, el Congreso estableció principios y criterios para armonizar, homologar y estandarizar los
registros de las transacciones y la presentación de la información financiera
de la Federación, estados, municipios, organismos autónomos y el sector
paraestatal.
De ella se desprende la
transformación de la administración del sector público. Al hacer obligatorios la emisión de información
financiera en tiempo real, el registro automático del presupuesto y la
contabilidad en el lugar donde se realiza la transacción, de acuerdo a las
distintas etapas que existen en el gobierno para ejercer el gasto público, se
somete la administración pública a un cambio sustantivo de paradigma.
La Ley de Contabilidad requiere
un amplio conocimiento técnico en finanzas públicas y quizá no sea tan
atractiva o conocida por la ciudadanía, pero es, por mucho, una de las leyes de mayor impacto,
profundidad y trascendencia para México.
Su adecuado cumplimiento
representa uno de los mecanismos más eficaces para construir mejores gobiernos.
De su observancia rigurosa se obtiene
mayor y mejor información financiera para tomar decisiones. Se agiliza y hace más eficiente el ingreso y
gasto público, optimizando los distintos programas de gobierno.
Además, es un mecanismo anti-corrupción poderoso. La trasparencia y la
posibilidad de rendición de cuentas al cumplir con la Ley aumentan en forma
significativa.
Es relevante que a cuatro años de
aprobada la Ley de Contabilidad, el presidente Calderón presenta la iniciativa
que adiciona más de 30 artículos. Con lo que la fortalece para avanzar ahora en temas de transparencia,
rendición de cuentas, seguimiento del gasto y homologación de procesos en la
aprobación de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos.
Esto significa un área de
oportunidad magnífica para dotar a
estados y municipios de mayores herramientas para enfrentar los retos que
atraviesan en materia financiera. Es, además, ocasión para que la ciudadanía conozca con profundidad las razones por
las cuales los gobiernos gastan como gastan.
La Ley de Contabilidad es
trascendente porque el presupuesto
público es el instrumento más importante que tienen los gobiernos para generar
bienestar. Como obras son amores y no buenas razones, en el presupuesto se
establecen los sueldos de maestros, doctores, enfermeras, funcionarios,
carreteras, luminarias, parques, medicinas, pensiones, becas, y una
interminable lista de bienes que nos rodean y definen como país.
Resulta entonces, una obligación
ciudadana conocer como se construye el presupuesto y que razones llevaron a
nuestros representantes a pensar que es mejor gastar en un bien que en otro, ya
que en el presupuesto se expresan las intenciones de un gobierno en forma
monetaria.
Hoy es aún más relevante, pues los recursos federales asignados a gobiernos
estatales y municipales crecieron más del 230% durante la última década, lo
que representa más del 30% del gasto neto total del gobierno federal.
La iniciativa del presidente
Calderón se destaca por la homologación y la transparencia. El sentido de
homologación perfecciona el espíritu original de la Ley, la cual estandariza el
registro financiero y la presentación de información del gobierno.
Así, la información podrá ser
comparable. Además será posible realizar análisis y estudios que sean fuente de
políticas públicas y que mejoren el sector público.
Permite conocer, por ejemplo, el gasto total realizado en salud,
educación, seguridad, sueldos de todos los municipios, estados y la Federación,
lo que era prácticamente imposible
conocer hace algunos años.
Sin embargo hoy, en estados y
municipios, existen procesos heterogéneos para la aprobación de ingresos y
gastos. Esto implica la incapacidad de conocer el detalle del gasto en
programas y, sobre todo, las razones por las cuales los gobiernos gastan en los
diferentes rubros.
Para evitar la corrupción “a la política como a la tuberculosis, el
aire fresco y la luz del sol”, la transparencia
es la segunda característica esencial de la reforma, ya que reivindica los
derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las
decisiones del Gobierno.
En tal sentido, la reforma garantiza que los gobiernos federal, estatal
y municipal hagan públicos el proceso presupuestal de ingresos y gastos, la
información financiera hasta de 6 años atrás, y la evaluación del desempeño de
los programas.
La ley establece también
obligaciones que cambiarán prácticas perniciosas del gobierno, ya que las
cuentas bancarias donde los municipios y estados reciben fondos federales se
deberán registrar en la tesorería de la federación. Lo anterior sin la
posibilidad de realizar traspasos entre cuentas de ninguna índole y dando
acceso a los órganos de fiscalización de dicha información.
La iniciativa también pretende
transparentar el ejercicio del gasto dando seguimiento al gasto en educación,
salud y fondos de aportaciones. Para ello exige reportar nombres, plazas, pago
de nómina y personal comisionado, tanto en educación como en salud.
Esto obligará a contar con un
registro detallado de información básica que, increíblemente, no es pública.
Por ejemplo, hoy no conocemos aún los padrones de maestros en todo el país, no
sabemos si cobran una, dos, o tres veces en distintos estados o dependencias
públicas, desconocemos las razones por las cuales se encuentran comisionados y
no asisten a clases, o cual es la comisión que realizan.
Requerimos mejores métodos de
medición sobre la eficiencia y eficacia del gasto. A través de la reforma
podremos conocer si cada peso que el gobierno gasta en educación permite
mejorar el nivel educativo del país, o si cada peso en gasto social disminuye
la pobreza o genera más salud.
Si queremos convertir a México en
líder global, es condición necesaria que el gobierno sea caja de cristal en el
manejo de los recursos públicos. Muchas sorpresas se han llevado presidentes
municipales y gobernadores que inician su gestión cuando encuentran
prácticamente desfalcada y en quiebra la hacienda pública de sus gobiernos.
La reforma, significaría una
profunda transformación, iniciando por el cambio de cultura organizacional de
la administración pública tradicional. Implicaría también, avanzar en dotar a
las administraciones de soluciones informáticas que hagan realidad lo
establecido por la Ley.
Por último, implicaría entender
que debemos enfrentar los nuevos retos con el sustento de la transparencia,
eficacia, rendición de cuentas y buen gobierno. Veamos en esta reforma la
oportunidad del México de futuro, donde construyamos el gobierno que ciudadanos
y gobernantes merecemos.
En el último aliento del sexenio
de Calderón, mucho bien haría nuestro Congreso al aprobar la reforma a la Ley
de Contabilidad.
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