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Por Alfredo Ruiz Ochoa
En la nutrida agenda de asuntos pendientes en los gobiernos federal, estatal y
municipal de México queda el tema de los indicadores que tienen como objetivo
evaluar el desempeño gubernamental, especialmente, en lo que corresponde a las
fuentes básicas de información que dan sustancia y nutren a los mismos.
Al realizar el primer acercamiento con la finalidad de compilar los
instrumentos de medición que operan actualmente -índices, encuestas,
evaluaciones, indicadores y estudios- que evalúan a las entidades federativas y
al Distrito Federal, nos encontramos que no existe aún una fuente sólida, y confiable de
información sobre el ejercicio de las instituciones públicas, no obstante que
desde 2006 se reforma la Constitución de república en su artículo 26, mismo que
establece la obligación de crear un Sistema Nacional de Información Estadística
y Geográfica. Aunque se han dado pasos importantes en tal propósito, sigue sin
ser suficiente para llenar los huecos que van de la mano con la transparencia y acceso libre a la
información gubernamental.
Esta circunstancia ha llevado a diversas instituciones académicas y del
sector privado, a la construcción de indicadores bajo la premisa de lograr,
como lo señala el Centro de Investigaciones y Docencia Económica (CIDE), tres
elementos esenciales: Solidez conceptual, replicabilidad y consistencia.
Ello, en el sentido de alcanzar mediciones cada vez más objetivas y que
permitan evaluar periódicamente y comparar a su vez, la gestión pública y la
rendición de cuentas, bajo la perspectiva de aprovechar ventanas de oportunidad
y consolidar un gobierno profesional y de resultados.
El interés que presentan los gobiernos en sus tres órdenes, por obtener
información simplificada y asimilable, es cada vez mayor y riñe hoy con un
“modelo” en decadencia, cuyas características se expresan históricamente en un
gobierno "poco vigilado, improvisado y sujeto a la agenda de control político".
El proceso de la democratización de México y la descentralización son dos
factores que han incidido en la premura de los gobiernos por autoevaluarse para
mejorar la toma de decisiones e impactar positivamente en la calidad de vida de
los ciudadanos.
Cuatro aspectos que tienen que ver con las atribuciones y recursos, fueron
detonantes para la nueva etapa que viven las administraciones públicas de las
entidades federativas:
- · El poder para intervenir en políticas públicas
- · La responsabilidad de la provisión de más bienes y servicios
- · El ejercicio de un mayor gasto público y
- · La administración de burocracias más complejas
El Gobierno del Estado de México, que cuenta con el mayor presupuesto de
gasto del país y una población que rebasa los 15 millones de habitantes, tiene per se la obligación ineludible de
aprovechar los datos duros e información aportada por los indicadores –en su
mayoría serios- que emanan de los propios instrumentos de medición para
determinar áreas de oportunidad y generar como resultado, planes y programas
estratégicos en todas las áreas y que lo vayan situando paulatinamente en el
lugar preponderante que debe alcanzar dadas las dimensiones e historia que le
anteceden.
La nueva gestión que encabeza el doctor Eruviel Avila parece ir en esa
dirección, lo cual, baste decir, es el camino correcto.
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