Repensar la Descentralización en México: El dilema de los Estados y Municipios

Por Mariana Gómez Sánchez

El principal objetivo del pacto federal en México ha sido mejorar las condiciones de aquellos con mayores carencias, es decir, reducir las brechas de desigualdad regional. Para lograr este propósito, hace casi veinte años el país inició un proceso de descentralización que pretendía hacer más eficiente el gasto a través de corresponsabilizar a los tres órdenes de gobierno sobre el presupuesto público. Bajo esta idea se diseñó el modelo de federalismo fiscal, a través del cual el Gobierno Federal transfiere recursos a estados y municipios para que éstos puedan cubrir sus demandas de educación, salud y desarrollo en caso de los estados; y de infraestructura y servicios públicos, en caso de los municipios (Artículo 155 constitucional).

Sin embargo, a través de los años, la dinámica del gasto federalizado ha ido desvirtuando su propósito y hoy, casi la mitad de los mexicanos presenta algún tipo de pobreza. De acuerdo a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) el ingreso anual promedio del 10 por ciento más rico de la población en 2010 era 27 veces mayor al del 10 por ciento más pobre. Con esta cifra México se sitúa como el segundo país más desigual de la OCDE, después de Chile.

Si bien los retos que enfrenta el desarrollo social en México, particularmente la reducción de la pobreza, no son encargo del pacto federal, una política fiscal sana contribuye, de manera determinante, a disminuir las brechas de desigualdad.

Como ya lo hemos mencionado anteriormente en este espacio, el modelo de federalismo fiscal en México necesita más que modificaciones cosméticas que cubran los profundos huecos de la legislación. Además de la desigualdad que se vive en el país, el federalismo fiscal presenta varios síntomas de falta de funcionalidad. El más latente en los últimos meses ha sido el endeudamiento público de algunos gobiernos locales que, a pesar de estar recibiendo transferencias federales, ha permitido financiar su creciente gasto público con endeudamiento financiero.

Sin embargo, el diagnóstico del pacto federal es un poco más grave que esto. La deficiente información sobre el estado de las finanzas públicas locales impide conocer a detalle la eficiencia del uso de los recursos públicos, ya que no existen formatos homogéneos, ni los incentivos necesarios para institucionalizar los mecanismos de transparencia y mucho menos, de rendición de cuentas.

Todo esto ha provocado que estados y municipios gasten de manera discrecional y en algunos casos hasta de manera irresponsable los recursos públicos que disponen, pues el propio federalismo ha empoderado a los gobiernos locales para que gasten más y recauden menos impuestos, haciéndolos enormemente dependientes de las transferencias federales.

En Inteligencia Pública consideramos que es necesaria una reforma estructural al federalismo fiscal que privilegie los criterios técnicos y financieros sobre los criterios netamente políticos, para que la asignación y el gasto de los recursos públicos se haga de forma más eficiente. En primer lugar, es indispensable que los estados aumenten sus ingresos fiscales, para lo cual será necesario que se fortalezcan las facultades tributarias de los gobiernos locales sobre tasas tributarias más amplias, y que a su vez se generen los incentivos (institucionales, financieros y políticos) para que los gobiernos locales recauden más impuestos y que a cambio de ello reciban mayores participaciones. Esta no es una tarea asilada, implica la coordinación y el compromiso entre los tres niveles de gobierno. Sin embargo, habrá que ser pacientes ya que la dinámica de las transferencias, en donde el gobierno que mejor negocia sus recursos obtiene más, responde a incentivos que refuerzan aspectos culturales arraigados con respecto a la manera de relacionarse, fuertemente presente en las autoridades locales.

La buena noticia es que es probable que exista la capacidad política y al parecer, la voluntad para enfrentar el reto. El Pacto por México incluye, en sus compromisos 68 y 70, el interés por generar políticas para controlar el endeudamiento de los gobiernos locales, así como para promover una mayor capacidad de recaudación tributaria y fortalecer la relación entre los estados y la Federación.

De lograrse la reforma fiscal este año con estas modificaciones, se fortalecería al federalismo fiscal en la dirección correcta. Sin embargo, existe un problema de fondo que seguirá siendo un obstáculo para que el modelo de federalismo mexicano contribuya a un proceso de descentralización que reduzca las brechas de desigualdad regionales, esto es la capacidad de los gobiernos locales para determinar prioridades del gasto, así como para administrar los recursos.

El verdadero sentido de la descentralización es darles más poder a las autoridades locales a cambio de devolverles ciertas atribuciones recaudatorias, además de exigirles mayor responsabilidad sobre la administración de sus recursos. En México, esta dinámica no contempla los límites institucionales de las prácticas gubernamentales a nivel local. Particularmente, existe una enorme falta de capacitación técnica sobre las finanzas públicas y una visión integral del uso de los recursos.

Nuestro país necesita un federalismo fiscal más efectivo en el que los responsables de los fondos públicos sean verdaderos líderes de la gestión local. Es decir, que se profesionalicen y transparenten a fin de aumentar sus capacidades para dar respuesta a las demandas ciudadanas. En pocas palabras, que sean capaces de atender su responsabilidad en el proceso de descentralización y que rindan cuentas de sus decisiones y acciones conforme a sus responsabilidades dentro del ciclo presupuestario.

En conclusión, la política de descentralización en México ha creado un sistema distorsionado, donde los gobiernos locales han incrementado su poder de gasto, reducido sus capacidades como recaudadores de impuestos y con poca conciencia de la responsabilidad social que implica hacer uso de los recursos públicos. Es un buen momento para que en México hagamos una pausa y reorientemos los mecanismos de descentralización para hacer de los gobiernos locales entidades más eficientes, más democráticas y mejor preparadas para desempeñar su gestión.

Mariana Gómez Sánchez es Directora Ejecutiva de Inteligencia Pública. Su correo es: mgomez@inteligenciapublica.com

Fuentes consultadas:

- OECD (2012), Getting It Right, Una agenda estratégica para las reformas en México, OECD Publishing.

- Soós Gábor y Zentai Violetta (2005), Faces of Local Democracy, Open Society Institute.

Presentan Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI) 2009-2012

La agrupación "Mexicanos Primero" presentó por cuarto año, el Índice de Desempeño Educativo Incluyente (IDEI), un ranking del desempeño educativo que compara el esfuerzo que hace cada estado de la República Mexicana para incluir a todas sus niñas, niños y jóvenes en las oportunidades de aprendizaje.

El IDEI busca ser una herramienta para una mejor planeación de las autoridades y un instrumento de demanda ciudadana para los mexicanos.

En él se compara el esfuerzo de cada entidad para brindar oportunidades de aprendizaje a niñas, niños y jóvenes.

Las seis dimensiones que analiza son:

Aprendizaje

Eficacia

Permanencia

Participación

Profesionalización docente

Supervisión

El mensaje es que los estados pueden y deben hacer la diferencia en la educación de calidad en México.

Aquí la tabla de resultados para Primaria y Secundaria en donde Sonora obtiene lugares sobresalientes en ambas.

Descargar estudio completo

Nueve tesis sobre el impacto político de la violencia

Por Alejandro Hope

Director de Seguridad en IMCO

El costo político de la violencia criminal puede resultar mayor para el presidente Enrique Peña Nieto que para su antecesor. Felipe Calderón podía buscar refugio en la teoría de la inevitabilidad de la violencia (a la Joaquín Villalobos) o enfatizar otros objetivos (por ejemplo, el desmantelamiento de grupos criminales). 

Peña Nieto no tiene esa salida: de manera expresa y reiterada, ha señalado que el objetivo prioritario de su gobierno es la disminución de los delitos violentos, en particular el homicidio, el secuestro y la extorsión. Por lógica autoimpuesta, esa va a ser la medida de su éxito o fracaso en materia de seguridad y justicia.

El diagnóstico del gobierno peñista sobre la raíz de la violencia reduce aún más el margen de maniobra. De manera implícita y explícita, los nuevos funcionarios han atribuido el incremento de la incidencia delictiva a la política y gestión de la administración previa, sin dejar espacio a otro tipo de factores explicativos (económicos, demográficos, sociales, etc.). Luego entonces, si la violencia era culpa del gobierno en el sexenio de Calderón, la violencia, si persiste, va a ser culpa del gobierno bajo Peña Nieto.

Durante algunos meses, resultará posible trasladar al gobierno calderonista la responsabilidad por los elevados niveles de violencia. Sin embargo, esa explicación se va a desgastar con el transcurso del tiempo. En algún punto de 2013, dará inicio la “guerra de Peña Nieto”, es decir, los homicidios, secuestros y extorsiones van a ir sin más a la cuenta de la actual administración. Dadas las diversas muestras de preocupación que surgieron tras la publicación por Reforma y Milenio de sus respectivas cuentas de ejecuciones en diciembre, es probable que ese momento venga más temprano que tarde (si dos datos, malos pero no catastróficos y presentados en periodo vacacional, pueden generar reacciones de ese género, no quiero imaginarme lo que producirá la acumulación de malas noticias durante varios meses).

La política de seguridad anunciada hasta ahora tiene plazos largos de maduración. Por ejemplo, para poner en operación la Gendarmería, son necesarios cambios legislativos, modificaciones reglamentarias, adquisiciones o transferencia de equipo, y acondicionamento de instalaciones, entre otros requerimientos. 

Esos procesos se comerán todo 2013, por lo menos. Lo mismo vale para el fortalecimiento de la PGR o la consolidación de las policías estatales. No hay nada, de hecho, en la estrategia esbozada por el gobierno federal que permita anticipar una mejoría dramática de las condiciones de seguridad en plazos políticamente relevantes (es decir, antes de las elecciones intermedias de 2015).

En algún momento de los próximos 18 meses, se volverá evidente que el gobierno de Peña Nieto va a afrontar los comicios federales de medio término con 45,000 homicidios bajo el brazo (por lo menos). En ese punto, probablemente intenten en la administración un viraje discursivo: menos énfasis en la reducción de violencia, más insistencia en indicadores de proceso (número de policías certificados, número de estados con reforma penal concluida, etc.), o bien en métricas relacionadas con el combate a la delincuencia organizada (detenciones, decomisos, erradicación, etc.). Y tal vez no haya que esperar tanto para ver ese giro: en la conferencia de prensa organizada por la Secretaría de Gobernación la semana pasada, se habló de todo menos de homicidios, secuestros o extorsiones.

Un viraje de esa naturaleza tendría, sin embargo, un costo evidente. Hablar como Calderón significaría validar implícitamente a Calderón o, al menos, su teoría de que había pocas alternativas prácticas a su política de seguridad. Desaparecerían, por definición, las posibilidades de marcar diferencias con las administraciones panistas. Pero no virar, cuando se tienen resultados menos que espectaculares en términos de reducción de violencia, podría ser catastrófico: a) socavaría el principal activo priísta, la percepción pública de eficacia, y b) mejoraría, por contraste, la imagen del gobierno previo (y de su partido).

Una salida a esa trampa es intentar medidas heterodoxas, como una tregua a la salvadoreña, una desmovilización negociada a la colombiana o una estrategia explícita de disuasión focalizada a la Mark Kleiman. Ninguna ofrece garantía de éxito (y todas tendrían múltiples costos asociados), pero al menos abrirían una posibilidad, así sea remota, de mejoría dramática en el corto plazo. No hay, sin embargo, ninguna señal de que los responsables de seguridad del nuevo gobierno estén pensando en ese tipo de alternativas.

Otra posibilidad es tratar de modular las expectativas, anunciar desde ya que no se deben esperar grandes resultados durante la primera mitad del sexenio. Eso daría algo de espacio, pero no eliminaría del todo el desgaste de la violencia cotidiana (ante una masacre, por ejemplo, el gobierno no puede decir “aguántenme dos años”) y abollaría de cualquier modo la imagen de eficacia priísta (¿Qué tan eficaz puede ser un equipo gobernante si se anuncia incapaz de mostrar resultados concretos antes del cuarto año de administración?).

En resumen, la pregunta no es si la violencia va a desgastar al gobierno de Peña Nieto, sino cuánto y qué tan rápido. No lo sé, pero se me figura que buena parte del futuro político del país depende de la respuesta.

Presenta COPARMEX el Índice de Desarrollo Democrático 2012

La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó la tercera edición del Índice de Desarrollo Democrático México, IDD-Mex 2012, con la finalidad de contribuir al proceso de consolidación de la democracia en México. 

Se expresó en el evento de presentación que dentro de los objetivos estratégicos de la COPARMEX, están "el estado de derecho y la gobernabilidad democrática como vías para la justicia, la protección de los derechos humanos, la competitividad y la prosperidad, por lo que este trabajo contribuye a detectar las áreas de oportunidad en cada estado, en su tránsito hacia una democracia sólida que impulse  el desarrollo político, social y económico de México". 

Para la realización del trabajo indicó la COPARMEX "fue fundamental la participación de los socios estratégicos en el diseño metodológico: la Fundación Konrad Adenauer México y Polilat, cuyas trayectorias como estudiosos y promotores del avance democrático en América Latina, fueron altamente significativas para el resultado final de este proyecto. Asimismo, otro pilar fundamental fue la red de Centros Empresariales coparmex en todo el país, cuyos presidentes, directores y personal se encargaron de recopilar opiniones de actores políticos, sociales y empresariales de sus estados, además de las impresiones de los defensores de los derechos humanos, de representantes de los medios de comunicación y analistas. 

El estudio constituye un modelo analítico que utiliza las siguientes dimensiones: Respeto a los derechos políticos y libertades civiles, Calidad institucional y eficiencia política y el Ejercicio de poder efectivo para gobernar en lo social y lo económico. Dimensiones que miden el ejercicio práctico de la democracia en nuestro país. 

RESULTADOS

Los resultados de este estudio, se entregan a cada una de las entidades para que conozcan dónde se están realizando bien las cosas y dónde no.

Por ejemplo, Baja California Sur fue la mejor calificada con 10; el peor estado, el último lugar, fue Guerrero con una calificación de 2.

Los Estados donde ha bajado el índice de desarrollo democrático son Chihuahua y Sinaloa. Y se atribuye a los problemas coyunturales y estructurales del país como la violencia y la inseguridad factores que han contribuido a que disminuya el índice de desarrollo democrático en estos estados.

En la zona centro del país, por ejemplo, los estados con un alto desarrollo democrático son el Distrito Federal en el lugar número cuatro, Tlaxcala en el lugar 11, Morelos en el lugar 13, Puebla en el lugar 21, Hidalgo en el lugar 23 y el Estado de México está en el lugar número 30 de 32. 

Descargar estudio completo

México Evalúa presenta Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio en México

El próximo martes 27 de noviembre, a las 9:30 horas y con transmisión en línea, será presentando el Estudio de México Evalúa denominado Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio en México (IVVIH). 

Según lo expresa, Edna Jaime, Directora de México Evalúa "una parte importante del documento estará dedicado a la recopilación de información estadística sobre este delito y al seguimiento de tendencias".

Asimismo, expresa Jaime, "la línea temporal que se utiliza para el análisis permite seguir su evolución e identificar los puntos de quiebre. También el cambio en su distribución espacial. Todo fenómeno que se quiere entender, primero se tiene que medir y cumplimos en el documento con este requisito. Pero el documento pretende tener un alcance distinto y es producir información que nos permita formular políticas públicas más informadas y específicas. Les llamo políticas públicas de la reconciliación".

Twitter @mexevalua

Consultar Artículo: "La reconciliación" de Edna Jaime

Lo que está por venir: Una nueva cultura de la transparencia en el servicio público

Por Andrés Hofmann

Desde la aparición de esta revista, en noviembre de 2001, hemos insistido, edición tras edición, en dos ideas fundamentales: la modernización de la administración pública y la necesidad de que los gobiernos sirvan a la ciudadanía y no se sirvan de ella. Política Digital ha documentado más de 500 casos que dan cuenta de pequeñas y grandes iniciativas que apuntan en esa dirección. 

"¿Qué tanto más hay que decir de la modernización del Estado si al parecer ya se ha dicho todo?", me comentaba Esteban Ortiz, el CIO de Nuevo León. Habría que agregar que respecto a gobiernos centrados en la ciudadanía pasa lo mismo: casi todo está dicho, hay demasiada repetición, o en el mejor de los casos, variaciones sobre el mismo y trillado tema. 

Llevamos más de 10 años con la misma cantaleta. Es hora de que nos preguntemos qué sigue. Pero antes de responder a esa pregunta es necesario constatar dos asuntos: uno es que los encargados de atender las TIC gubernamentales cambian cada tres años -o menos- en los municipios, y cada seis años -o menos- en los estados y en la federación. Y que muchos de los que llegan saben, típicamente, de fierros, pero tienen poca idea de lo que es un gobierno centrado en la gente o modernización del Estado. Para ellos habría que pulsar rewind y luegoplay, a fin de que recorran el conocimiento acumulado en México para que no inventen el hilo negro, como ocurre con demasiada frecuencia: todos haciendo lo mismo, una y otra vez. 

El otro asunto es muy fácil de constatar y patético por sus consecuencias: los gobiernos no se han modernizado y no están centrados en la ciudadanía. Ésa es, al menos, la apreciación de un servidor. 

Nos encontramos entonces ante una situación paradójica: llevamos más de 10 años hablando, escuchando y leyendo sobre modernización del Estado y gobiernos cercanos a la gente, pero el Estado que nos rige no se ha modernizado y quienes nos gobiernan siguen lejos de la sociedad.

Lo que sigue 

Ahora sí, volvamos a la pregunta: ¿Qué es lo que sigue? Dejo a los lectores adelantar respuestas. La mía, que no es más que una entre tantas, tiene que ver con la cultura de la transparencia de los servidores públicos, y el acceso de la ciudadanía a la información que está en manos de los gobiernos. 

La transparencia gubernamental no puede seguir sostenida en el estira y afloja que se da entre la gente que solicita información, y los gobiernos que medio que entregan. Lo que sigue, entonces, es que los gobiernos den a conocer la información pública que tienen guardada bajo cuatro paredes, sin que nadie se las solicite, y que las publiquen en formatos que le permitan a la ciudadanía reutilizar dicha información para los fines que estime conveniente, incluso comerciales. 

Ésa es la condición que permitirá la participación y la colaboración ciudadanas; constructiva y proactiva, que ayudará a los gobiernos a gobernar mejor. Pero para que eso ocurra, se requiere de una sociedad bien informada de los asuntos gubernamentales, de lo que pasa allí adentro, de cómo utilizan los recursos (que son de todos), de cómo sustentan sus decisiones de política pública y de cómo las ejecutan. 

Ésa es la medida de un cuerpo de servidores públicos que buscan a los ciudadanos para que aporten su experiencia y conocimiento en la gestión pública; para que ayuden a gobernar. 

De esta modernización, o de este tipo de gobiernos centrados en la gente, apenas se empieza a hablar, a leer, a conversar. Esto es lo nuevo, y su promesa, inconmensurable.

Tomado de POLÍTICA DIGITAL, EDICIÓN 70.

Descargar revista completa

ICE 2012 del IMCO: Del federalismo de la recriminación al de la eficacia

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Estatal  2012, el cual estudia y compara la competitividad de las 32 entidades federativas.

¿Dónde quedó la bolita? del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia.

¿Por qué este título?. La bolita se llama responsabilidad pública y las tapas portan los títulos de federación, estados y municipios ¿dónde está la responsabilidad por las escuelas, las clínicas, la seguridad de las calles? ¿Es federal, estatal, municipal? ¿O tal vez es de todos y por ello de nadie?.

En esta edición se realizó una investigación exhaustiva acerca de las relaciones de responsabilidad que existe entre el gobierno federal y las entidades federativas. La ambigüedad de dichas  responsabilidades no solo reduce los incentivos políticos y económicos de las dependencias gubernamentales para actuar en beneficio de la ciudadanía si no que impone limitaciones importantes a la gestión eficiente de los recursos fiscales, y entorpece la continuidad y evaluación de políticas públicas, problemática abordada desde la perspectiva de las finanzas públicas.

Cada dos años, IMCO elabora un índice de competitividad estatal. Uno de sus objetivos centrales es facilitar la adopción en las entidades federativas de políticas públicas que promuevan la libertad, seguridad y bienestar de los ciudadanos. En la elaboración de esta  edición, decidimos que, al tiempo en que mediamos el desempeño de los estados, necesitamos analizar las reglas e incentivos que rigen su operación. Es decir, era indispensable entender cómo funciona el federalismo mexicano.

El estudio está dividido en dos capítulos transversales sobre finanzas públicas y evaluación de políticas públicas para dibujar los contornos generales del problema.

1. Finanzas Públicas– Gasto Público.    Los estados tienen una deuda pendiente de transparencia con la ciudadanía. El manejo irresponsable de la deuda o el sistema de pensiones agrava la opacidad con la que se han conducido los estados. Sin información que permita evaluar la gestión de las autoridades, las entidades federativas se pueden enfrentar a crisis financieras que afecten su competitividad y la del país. Podemos encontrar dos problemas principales en el tema El riesgo para las finanzas públicas de la falta de información clave de la cuenta pública, el segundo, la debilidad de las instituciones responsables de transparentar las finanzas estatales. El primer problema se centra en  la opacidad estatal de la adquisición de deuda, el tamaño de la burocracia y el manejo del sistema de pensiones. Los tres destacan por ser componentes básicos de las finanzas públicas y por la escasa información disponible a nivel estatal. El segundo problema identifica la escasa adherencia de los estados a un piso mínimo de buenas prácticas contables y  la falta de autonomía de los institutos de acceso a la información. 

2. Evaluación: Uno de los canales para saber hacia dónde se destina el gasto del gobierno y conocer el efecto de dicho gasto en el bienestar social es la evaluación. A diferencia de la fiscalización de los recursos públicos, en dónde se verifica que el presupuesto efectivamente se haya gastado para los propósitos planteados, los procesos de evaluación sirven de manera integral para:

-Medir el impacto de la asignación presupuestaria de los programas públicos, 

-Valorar la efectividad y eficiencia de las políticas y con ese  diagnóstico motivar la mejora continua de los programas, y 

-Fortalecer los procesos de rendición de cuentas a través del monitoreo sobre el desempeño del gobierno.

La evaluación debe ser vista como un derecho de los ciudadanos pero también como un activo  para el gobierno. Al evaluar los programas, se pueden observar los beneficios económicos sobre el uso óptimo de los recursos públicos, los beneficios sociales que genera cierta intervención gubernamental y los beneficios políticos que estas acciones conllevan. En la medida en que los gobiernos sean capaces de comunicar cómo se utilizan los recursos públicos, los ciudadanos tendremos mayor confianza en las acciones que el gobierno 

ejecuta, principalmente aquellas que buscan mejorar el bienestar social. Es ahí, donde la evaluación de los programas adquiere relevancia y por tanto la necesidad de generar evaluaciones a nivel estatal.

Tres capítulos temáticos sobre salud, educación y seguridad pública para comprender la operación concreta del arreglo federal.

1. Salud:  El Seguro Popular se creó como respuesta a las deficiencias en el Sistema de Salud en México. En primer lugar, únicamente se ofrecía cobertura a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía. Como consecuencia, en el año 2000, 50 millones de mexicanos no contaban con un esquema público de aseguramiento médico. Ante la falta de aseguramiento público, el pago de gastos en salud era mayoritariamente cubierto por la población. Adicionalmente, había falta de claridad en la distribución de  recursos a las entidades federativas. En general, los sistemas estatales no contaban con fondos suficientes y por lo tanto, sus servicios eran de muy baja calidad y no atendían las necesidades clave.

Estas deficiencias, sumadas al incremento en la esperanza de vida y la transición epidemiológica de los mexicanos hacia enfermedades de tratamientos más costosos, obligaron al gobierno a reconsiderar el modelo de atención de la salud. Queda pendiente atender la dimensión de la calidad de los servicios de salud,  incluída la heterogeneidad de la calidad en la atención de la salud entre entidades federativas. En este capítulo se describe el contexto en el que se creó el Seguro Popular y se señala cómo funciona y cuáles han sido sus resultados hasta el momento. Asimismo, se analizan las brechas estatales en la calidad de los servicios de salud y sus posibles causas.

2. Educación: Los enormes retos para incrementar la cobertura, la eficiencia terminal y la calidad de la educación en todos los niveles son una responsabilidad compartida entre federación y los estados. La Federación tiene el papel de definir objetivos básicos y reglas generales de la política educativa, así como la responsabilidad de determinar y proveer el grueso del presupuesto asignado a la educación. Sin  embargo, el ejercicio de los recursos está ampliamente descentralizado. Con el ejercicio del gasto, los estados adquieren también la responsabilidad de traducir los objetivos y las reglas que se establecen a nivel central en resultados verificables localmente. También adquieren la responsabilidad de rendir cuentas  sobre los resultados de ese gasto. La obligatoriedad de la educación media superior que se introdujo recientemente a nivel constitucional, pone presión adicional sobre la eficiencia del gasto educativo a nivel estatal. 

Enfrentar la deserción a nivel medio superior pondrá a prueba las capacidades institucionales y presupuestales de los gobiernos estatales. 

3. Seguridad: Durante décadas, la seguridad pública en México fue un asunto circunscrito, salvo  excepciones, al ámbito local y estatal. Esto era resultado de tres hechos:  1) los reducidos niveles de incidencia delictiva; 2) las dimensiones relativamente pequeñas del narcotráfico; y 3) la sujeción de los gobiernos estatales al centro y, como resultado, la existencia de incentivos para mantener los problemas en el ámbito local. El gobierno federal se empezó a dotar de instrumentos jurídicos y materiales para jugar un rol creciente en tareas de seguridad pública y justicia. El personal de la PGR aumentó 53% entre 1995 y 2012. La Secretaría de Seguridad Pública federal cuadruplicó su tamaño entre 2001 y 2012. El gobierno actual aceleró el proceso de centralización de la seguridad pública y, al mismo tiempo, reveló sus límites. Al lanzar una serie de operativos en diversas regiones, el gobierno federal se hizo cargo, en los hechos, de la seguridad de los ciudadanos en buena parte del país. Por diversas vías, el gobierno federal ha buscado resolver el problema y acelerar el proceso de transformación institucional. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes hasta ahora. Ya sea en materia policial o de reforma del sistema de justicia penal, los avances, aunque significativos en algunos casos, han sido muy lentos. Hacia delante, no hay más que dos rutas: 1) se lleva el proceso de centralización hasta el final de su lógica y el gobierno federal asume plenamente toda la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos, ó 2) se modifica la estructura de incentivos para lograr que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad primaria por la seguridad pública.

Cada capítulo aborda el problema desde perspectivas distintas y llega a conclusiones diferenciadas. Sin embargo, del conjunto surgen algunas líneas generales del federalismo que quisiéramos y que el país se merece:

- Los gobiernos estatales deben tener responsabilidad  primaria por lo que sucede en sus entidades, salvo en temas estrictamente circunscritos al ámbito federal.

- Si se requiere la intervención federal en un tema de competencia estatal, esta debe ser subsidiaria, de duración limitada y transparente, no substitutiva, opaca y con alcances indefinidos. 

- Los gobiernos estatales deben tener facultades para experimentar con políticas públicas y eso implica flexibilidad en la asignación de recursos presupuestales.

- Como corolario de lo anterior, las finanzas públicas de los estados deben estar sujetas a reglas amplias de transparencia y sus políticas públicas deben ser objeto de evaluación permanente.   

- Los gobiernos estatales deben estar sometidos a una restricción presupuestal dura y la recaudación propia debe ser un componente esencial de su estructura de ingresos.

- Para saldar su deuda de transparencia con la ciudadanía, los gobiernos estatales deben compartir altos estándares de evaluación. Esos estándares deben permitir no sólo conocer con detalle en que se gasto el 100% de los recursos. Además deben demostrar si ese gasto cumplió con su objetivo de manera eficiente.

Sabemos que no hay federalismo perfecto. Donde hay más de una soberanía en un solo territorio con una sola población, el conflicto es inevitable.

Fuente: IMCO-Prensa.

Ver micrositio y descargar estudio completo