Ley General de Contabilidad Gubernamental: Cuentas claras, amistades largas

Por Moisés Alcalde Virgen

socio Auditoría Ernst & Young

“Cuentas claras, amistades largas” reza el refrán que hoy viene a cuento en ocasión de la iniciativa que el presidente Felipe Calderón sometió al Congreso a través de la Cámara de Senadores. Me refiero al proyecto que reforma la Ley General de Contabilidad Gubernamental (Ley de Contabilidad) el cual tiene como objetivo el transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos en los distintos órdenes de gobierno.

A través de esta ley, aprobada en el 2008, el Congreso estableció principios y criterios para armonizar, homologar y estandarizar los registros de las transacciones y la presentación de la información financiera de la Federación, estados, municipios, organismos autónomos y el sector paraestatal.

De ella se desprende la transformación de la administración del sector público. Al hacer obligatorios la emisión de información financiera en tiempo real, el registro automático del presupuesto y la contabilidad en el lugar donde se realiza la transacción, de acuerdo a las distintas etapas que existen en el gobierno para ejercer el gasto público, se somete la administración pública a un cambio sustantivo de paradigma.

La Ley de Contabilidad requiere un amplio conocimiento técnico en finanzas públicas y quizá no sea tan atractiva o conocida por la ciudadanía, pero es, por mucho, una de las leyes de mayor impacto, profundidad y trascendencia para México.

Su adecuado cumplimiento representa uno de los mecanismos más eficaces para construir mejores gobiernos. De su observancia rigurosa se obtiene mayor y mejor información financiera para tomar decisiones. Se agiliza y hace más eficiente el ingreso y gasto público, optimizando los distintos programas de gobierno.

Además, es un mecanismo anti-corrupción poderoso. La trasparencia y la posibilidad de rendición de cuentas al cumplir con la Ley aumentan en forma significativa.

Es relevante que a cuatro años de aprobada la Ley de Contabilidad, el presidente Calderón presenta la iniciativa que adiciona más de 30 artículos. Con lo que la fortalece para avanzar ahora en temas de transparencia, rendición de cuentas, seguimiento del gasto y homologación de procesos en la aprobación de la Ley de Ingreso y el Presupuesto de Egresos.

Esto significa un área de oportunidad magnífica para dotar a estados y municipios de mayores herramientas para enfrentar los retos que atraviesan en materia financiera. Es, además, ocasión para que la ciudadanía conozca con profundidad las razones por las cuales los gobiernos gastan como gastan.

La Ley de Contabilidad es trascendente porque el presupuesto público es el instrumento más importante que tienen los gobiernos para generar bienestar. Como obras son amores y no buenas razones, en el presupuesto se establecen los sueldos de maestros, doctores, enfermeras, funcionarios, carreteras, luminarias, parques, medicinas, pensiones, becas, y una interminable lista de bienes que nos rodean y definen como país.

Resulta entonces, una obligación ciudadana conocer como se construye el presupuesto y que razones llevaron a nuestros representantes a pensar que es mejor gastar en un bien que en otro, ya que en el presupuesto se expresan las intenciones de un gobierno en forma monetaria.

Hoy es aún más relevante, pues los recursos federales asignados a gobiernos estatales y municipales crecieron más del 230% durante la última década, lo que representa más del 30% del gasto neto total del gobierno federal.

La iniciativa del presidente Calderón se destaca por la homologación y la transparencia. El sentido de homologación perfecciona el espíritu original de la Ley, la cual estandariza el registro financiero y la presentación de información del gobierno.

Así, la información podrá ser comparable. Además será posible realizar análisis y estudios que sean fuente de políticas públicas y que mejoren el sector público.

Permite conocer, por ejemplo, el gasto total realizado en salud, educación, seguridad, sueldos de todos los municipios, estados y la Federación, lo que era prácticamente imposible conocer hace algunos años.

Sin embargo hoy, en estados y municipios, existen procesos heterogéneos para la aprobación de ingresos y gastos. Esto implica la incapacidad de conocer el detalle del gasto en programas y, sobre todo, las razones por las cuales los gobiernos gastan en los diferentes rubros.

Para evitar la corrupción “a la política como a la tuberculosis, el aire fresco y la luz del sol”, la transparencia es la segunda característica esencial de la reforma, ya que reivindica los derechos de los ciudadanos de organizarse, promover causas e impugnar las decisiones del Gobierno.

En tal sentido, la reforma garantiza que los gobiernos federal, estatal y municipal hagan públicos el proceso presupuestal de ingresos y gastos, la información financiera hasta de 6 años atrás, y la evaluación del desempeño de los programas.

La ley establece también obligaciones que cambiarán prácticas perniciosas del gobierno, ya que las cuentas bancarias donde los municipios y estados reciben fondos federales se deberán registrar en la tesorería de la federación. Lo anterior sin la posibilidad de realizar traspasos entre cuentas de ninguna índole y dando acceso a los órganos de fiscalización de dicha información.

La iniciativa también pretende transparentar el ejercicio del gasto dando seguimiento al gasto en educación, salud y fondos de aportaciones. Para ello exige reportar nombres, plazas, pago de nómina y personal comisionado, tanto en educación como en salud.

Esto obligará a contar con un registro detallado de información básica que, increíblemente, no es pública. Por ejemplo, hoy no conocemos aún los padrones de maestros en todo el país, no sabemos si cobran una, dos, o tres veces en distintos estados o dependencias públicas, desconocemos las razones por las cuales se encuentran comisionados y no asisten a clases, o cual es la comisión que realizan.

Requerimos mejores métodos de medición sobre la eficiencia y eficacia del gasto. A través de la reforma podremos conocer si cada peso que el gobierno gasta en educación permite mejorar el nivel educativo del país, o si cada peso en gasto social disminuye la pobreza o genera más salud.

Si queremos convertir a México en líder global, es condición necesaria que el gobierno sea caja de cristal en el manejo de los recursos públicos. Muchas sorpresas se han llevado presidentes municipales y gobernadores que inician su gestión cuando encuentran prácticamente desfalcada y en quiebra la hacienda pública de sus gobiernos.

La reforma, significaría una profunda transformación, iniciando por el cambio de cultura organizacional de la administración pública tradicional. Implicaría también, avanzar en dotar a las administraciones de soluciones informáticas que hagan realidad lo establecido por la Ley.

Por último, implicaría entender que debemos enfrentar los nuevos retos con el sustento de la transparencia, eficacia, rendición de cuentas y buen gobierno. Veamos en esta reforma la oportunidad del México de futuro, donde construyamos el gobierno que ciudadanos y gobernantes merecemos.

En el último aliento del sexenio de Calderón, mucho bien haría nuestro Congreso al aprobar la reforma a la Ley de Contabilidad.