miércoles, 10 de abril de 2013

Fundar y Artículo 19 presentan Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial



Fundar, Centro de Análisis e Investigación, y ARTICLE 19 presentaron la segunda edición del Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial en las entidades federativas; el estudio revela entre otras cosas la prevalencia de la opacidad en los gobiernos locales. 

De acuerdo al informe “El costo de la legitimidad” presentado por ambas organizaciones, durante el 2011, 27 entidades federativas se gastaron 4,518 millones de pesos. Este gasto equivale casi al doble del monto de la producción (y distribución) de todos los libros de texto gratuitos del país (2,399 mdp). Además se dio a conocer que en 2010 y 2011, casi las dos terceras partes de los estados sobreejercieron los montos aprobados por sus respectivos congresos en publicidad oficial. En 2011, por ejemplo, el 40% (1,380 mdp) del total del gasto ejercido en 24 estados es un sobreejercicio. 

Durante su participación Ana Cristina Ruelas, Oficial del Programa de Acceso a la Información de ARTICLE 19, advirtió que “la asignación de la pauta publicitaria es por demás discrecional y arbitraria y que es una herramienta para el control político que ejercen los gobiernos sobre los medios y viceversa”. 

El Índice de Acceso al Gasto en Publicidad Oficial tiene como objetivo evaluar la transparencia y el cumplimiento del mandato constitucional (artículo 6 y 134) para los gastos en publicidad oficial. Se evaluó la primera respuesta a tres solicitudes de información relacionadas al gasto en 2010 y 2011 en publicidad realizadas a las 32 entidades federativas: presupuesto aprobado y ejercido, así como el desglose del gasto por tipo de medio, proveedor, campaña y concepto. 

Entre los resultados dados a conocer en la presentación de “El costo de la legitimidad” se destacó que la distribución de la publicidad oficial es muy inequitativa: la televisión y la prensa escrita son los medios más beneficiados. De acuerdo a la información entregada por las entidades federativas, existen varios estados que destinan más de la mitad de su presupuesto en publicidad oficial a la televisión. En 2011, en Puebla, el gasto en televisión representa el 63% (Televisa 49% y TV Azteca 13% del gasto total). En el Distrito Federal y en el Estado de México es del 62%. En el DF, Televisa representa 37% del gasto total y TV Azteca 23%. Asimismo, en el Estado de México, la inversión en publicidad oficial en Televisa representa 41% y en TV Azteca 20%. 

El índice se presenta en un contexto político en el que 14 entidades de la república tendrán elecciones locales durante el año. La permanencia de prácticas regresivas en materia de acceso a la información sobre los gastos en publicidad oficial favorecen la opacidad y la suspicacia. De acuerdo con Fundar y ARTICLE 19, la ausencia de escrutinio público alienta un uso desviado de estos recursos por parte de gobiernos que construyen su legitimidad a través de un simulacro de información en lugar de fomentar una verdadera rendición de cuentas. 

Justine Dupuy, investigadora del área de Transparencia y Rendición de Cuentas de Fundar, mencionó que “el problema de la asignación de publicidad oficial es un problema estructural, ya que por un lado existe una falta de regulación y por otro nos encontramos con un gasto creciente que se ejerce en total opacidad”. 

Las organizaciones hicieron un llamado urgente al Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para que atienda sus promesas de campaña sobre transparentar estos recursos públicos. Y de igual forma, a los legisladores para que cumplan con sus obligaciones de regular el artículo 134 de la Constitución, mismo que prohíbe el uso propagandístico de la publicidad oficial. 



Fuente: Fundar/ Article 19


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miércoles, 3 de abril de 2013

Presentan UNICEF y CONEVAL Estudio “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010”



El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentaron el estudio “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2008-2010” que analiza las particularidades de la pobreza infantil y  las tendencias observadas en ese periodo. 

Según el estudio, el número de niñas, niños y adolescentes (de 0 a 17 años) pobres no se incrementó entre 2008 y 2010. Sin embargo, los niveles de pobreza de este grupo de población fueron más altos en comparación con el resto de la población mexicana.

En 2010, la población infantil y adolescente que se encontraba en situación de pobreza era de 53.8 por ciento (21.4 millones) en comparación con el 46.2 por ciento (52 millones) de la población en general. En el caso de la pobreza extrema, 12.8 por ciento de la población infantil y adolescente la padecía en 2010 (5.1 millones) frente al 10.4 por ciento (11.7 millones) entre la población en general. 

El estudio realizado por UNICEF y CONEVAL, se sustenta en la metodología para la medición multidimensional de la pobreza y toma en cuenta lo que señala la Ley General de Desarrollo Social (LGDS). Dicha metodología parte de la premisa de que la pobreza es más que la escasez o insuficiencia de recursos, por lo que requiere ser abordada bajo una perspectiva multidimensional basada en los derechos sociales.

Isabel Crowley, Representante de UNICEF en México destacó que “la alta proporción de niñas, niños y adolescentes en pobreza (54%) y pobreza extrema en México (13%), constituye una violación de sus derechos, lo cual es inaceptable y muestra la necesidad urgente de tener una adecuada combinación de políticas universales que garanticen el acceso a los servicios básicos y el pleno respeto de los derechos para todos los niños y niñas en México”. 

“La probabilidad de que la pobreza en la infancia se vuelva permanente y se reproduzca en la siguiente generación es más alta que en el caso de los adultos, lo cual compromete el desarrollo económico y la cohesión social del país”, destacó Crowley.

Por su parte, Gonzalo Hernández Licona, Secretario Ejecutivo del CONEVAL, señaló que en 2010 aumentaron las coberturas básicas de salud, seguridad social, servicios básicos de vivienda y el rezago educativo para la población infantil, en donde tenemos una cobertura del 95 por ciento de niñas, niños y adolescentes que asisten a la escuela. El reto es la atención a la población infantil que está fuera de edad en el proceso educativo y que es complicado hacerlos regresar a la escuela”, aseguró.“Las familias con niñas, niños y adolescentes tuvieron un crecimiento en la carencia de acceso a la alimentación y disminuyeron sus ingresos entre 2008 y 2010. La población infantil que presentó mayores niveles de pobreza y vulnerabilidad fue 0 y 5 años. El estudio revela que 7 de cada 10 niñas, niños y adolescentes indígenas vivían en pobreza en 2010. 

Por ello, es relevante invertir en la niñez y adolescencia de forma progresiva y continua, así como atender las carencias sociales en materia de salud, alimentación y educación”, sostuvo. 

Otra de las consideraciones relevantes que señala el estudio es que la población infantil y adolescente en situación de pobreza no es un grupo compacto ni homogéneo. La pobreza afecta en mayor grado a las poblaciones indígenas y en las zonas rurales.

La metodología de medición de la pobreza desarrollada por CONEVAL representa una valiosa herramienta analítica porque, además de la dimensión del ingreso de las familias, valora el cumplimiento básico de los derechos sociales, lo que permite identificar la magnitud, intensidad y características de distintos grupos poblacionales que viven en situación de pobreza o vulnerabilidad. Esto resulta particularmente relevante en el caso de la niñez y de la adolescencia, ya que la medición basada exclusivamente en la dimensión del ingreso monetario no refleja todas las aristas, complejidad y heterogeneidad de la pobreza.

Durante la presentación participaron también Mario Luis Fuentes, Director del Programa de Estudios sobre Desarrollo de la UNAM y Rodolfo de la Torre, Jefe de la oficina de investigación en Desarrollo Humano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México (PNUD).

Fuente: CONEVAL.
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