México Evalúa presenta Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio en México

El próximo martes 27 de noviembre, a las 9:30 horas y con transmisión en línea, será presentando el Estudio de México Evalúa denominado Indicadores de Víctimas Visibles e Invisibles de Homicidio en México (IVVIH). 

Según lo expresa, Edna Jaime, Directora de México Evalúa "una parte importante del documento estará dedicado a la recopilación de información estadística sobre este delito y al seguimiento de tendencias".

Asimismo, expresa Jaime, "la línea temporal que se utiliza para el análisis permite seguir su evolución e identificar los puntos de quiebre. También el cambio en su distribución espacial. Todo fenómeno que se quiere entender, primero se tiene que medir y cumplimos en el documento con este requisito. Pero el documento pretende tener un alcance distinto y es producir información que nos permita formular políticas públicas más informadas y específicas. Les llamo políticas públicas de la reconciliación".

Twitter @mexevalua

Consultar Artículo: "La reconciliación" de Edna Jaime

Lo que está por venir: Una nueva cultura de la transparencia en el servicio público

Por Andrés Hofmann

Desde la aparición de esta revista, en noviembre de 2001, hemos insistido, edición tras edición, en dos ideas fundamentales: la modernización de la administración pública y la necesidad de que los gobiernos sirvan a la ciudadanía y no se sirvan de ella. Política Digital ha documentado más de 500 casos que dan cuenta de pequeñas y grandes iniciativas que apuntan en esa dirección. 

"¿Qué tanto más hay que decir de la modernización del Estado si al parecer ya se ha dicho todo?", me comentaba Esteban Ortiz, el CIO de Nuevo León. Habría que agregar que respecto a gobiernos centrados en la ciudadanía pasa lo mismo: casi todo está dicho, hay demasiada repetición, o en el mejor de los casos, variaciones sobre el mismo y trillado tema. 

Llevamos más de 10 años con la misma cantaleta. Es hora de que nos preguntemos qué sigue. Pero antes de responder a esa pregunta es necesario constatar dos asuntos: uno es que los encargados de atender las TIC gubernamentales cambian cada tres años -o menos- en los municipios, y cada seis años -o menos- en los estados y en la federación. Y que muchos de los que llegan saben, típicamente, de fierros, pero tienen poca idea de lo que es un gobierno centrado en la gente o modernización del Estado. Para ellos habría que pulsar rewind y luegoplay, a fin de que recorran el conocimiento acumulado en México para que no inventen el hilo negro, como ocurre con demasiada frecuencia: todos haciendo lo mismo, una y otra vez. 

El otro asunto es muy fácil de constatar y patético por sus consecuencias: los gobiernos no se han modernizado y no están centrados en la ciudadanía. Ésa es, al menos, la apreciación de un servidor. 

Nos encontramos entonces ante una situación paradójica: llevamos más de 10 años hablando, escuchando y leyendo sobre modernización del Estado y gobiernos cercanos a la gente, pero el Estado que nos rige no se ha modernizado y quienes nos gobiernan siguen lejos de la sociedad.

Lo que sigue 

Ahora sí, volvamos a la pregunta: ¿Qué es lo que sigue? Dejo a los lectores adelantar respuestas. La mía, que no es más que una entre tantas, tiene que ver con la cultura de la transparencia de los servidores públicos, y el acceso de la ciudadanía a la información que está en manos de los gobiernos. 

La transparencia gubernamental no puede seguir sostenida en el estira y afloja que se da entre la gente que solicita información, y los gobiernos que medio que entregan. Lo que sigue, entonces, es que los gobiernos den a conocer la información pública que tienen guardada bajo cuatro paredes, sin que nadie se las solicite, y que las publiquen en formatos que le permitan a la ciudadanía reutilizar dicha información para los fines que estime conveniente, incluso comerciales. 

Ésa es la condición que permitirá la participación y la colaboración ciudadanas; constructiva y proactiva, que ayudará a los gobiernos a gobernar mejor. Pero para que eso ocurra, se requiere de una sociedad bien informada de los asuntos gubernamentales, de lo que pasa allí adentro, de cómo utilizan los recursos (que son de todos), de cómo sustentan sus decisiones de política pública y de cómo las ejecutan. 

Ésa es la medida de un cuerpo de servidores públicos que buscan a los ciudadanos para que aporten su experiencia y conocimiento en la gestión pública; para que ayuden a gobernar. 

De esta modernización, o de este tipo de gobiernos centrados en la gente, apenas se empieza a hablar, a leer, a conversar. Esto es lo nuevo, y su promesa, inconmensurable.

Tomado de POLÍTICA DIGITAL, EDICIÓN 70.

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ICE 2012 del IMCO: Del federalismo de la recriminación al de la eficacia

El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) presentó el Índice de Competitividad Estatal  2012, el cual estudia y compara la competitividad de las 32 entidades federativas.

¿Dónde quedó la bolita? del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia.

¿Por qué este título?. La bolita se llama responsabilidad pública y las tapas portan los títulos de federación, estados y municipios ¿dónde está la responsabilidad por las escuelas, las clínicas, la seguridad de las calles? ¿Es federal, estatal, municipal? ¿O tal vez es de todos y por ello de nadie?.

En esta edición se realizó una investigación exhaustiva acerca de las relaciones de responsabilidad que existe entre el gobierno federal y las entidades federativas. La ambigüedad de dichas  responsabilidades no solo reduce los incentivos políticos y económicos de las dependencias gubernamentales para actuar en beneficio de la ciudadanía si no que impone limitaciones importantes a la gestión eficiente de los recursos fiscales, y entorpece la continuidad y evaluación de políticas públicas, problemática abordada desde la perspectiva de las finanzas públicas.

Cada dos años, IMCO elabora un índice de competitividad estatal. Uno de sus objetivos centrales es facilitar la adopción en las entidades federativas de políticas públicas que promuevan la libertad, seguridad y bienestar de los ciudadanos. En la elaboración de esta  edición, decidimos que, al tiempo en que mediamos el desempeño de los estados, necesitamos analizar las reglas e incentivos que rigen su operación. Es decir, era indispensable entender cómo funciona el federalismo mexicano.

El estudio está dividido en dos capítulos transversales sobre finanzas públicas y evaluación de políticas públicas para dibujar los contornos generales del problema.

1. Finanzas Públicas– Gasto Público.    Los estados tienen una deuda pendiente de transparencia con la ciudadanía. El manejo irresponsable de la deuda o el sistema de pensiones agrava la opacidad con la que se han conducido los estados. Sin información que permita evaluar la gestión de las autoridades, las entidades federativas se pueden enfrentar a crisis financieras que afecten su competitividad y la del país. Podemos encontrar dos problemas principales en el tema El riesgo para las finanzas públicas de la falta de información clave de la cuenta pública, el segundo, la debilidad de las instituciones responsables de transparentar las finanzas estatales. El primer problema se centra en  la opacidad estatal de la adquisición de deuda, el tamaño de la burocracia y el manejo del sistema de pensiones. Los tres destacan por ser componentes básicos de las finanzas públicas y por la escasa información disponible a nivel estatal. El segundo problema identifica la escasa adherencia de los estados a un piso mínimo de buenas prácticas contables y  la falta de autonomía de los institutos de acceso a la información. 

2. Evaluación: Uno de los canales para saber hacia dónde se destina el gasto del gobierno y conocer el efecto de dicho gasto en el bienestar social es la evaluación. A diferencia de la fiscalización de los recursos públicos, en dónde se verifica que el presupuesto efectivamente se haya gastado para los propósitos planteados, los procesos de evaluación sirven de manera integral para:

-Medir el impacto de la asignación presupuestaria de los programas públicos, 

-Valorar la efectividad y eficiencia de las políticas y con ese  diagnóstico motivar la mejora continua de los programas, y 

-Fortalecer los procesos de rendición de cuentas a través del monitoreo sobre el desempeño del gobierno.

La evaluación debe ser vista como un derecho de los ciudadanos pero también como un activo  para el gobierno. Al evaluar los programas, se pueden observar los beneficios económicos sobre el uso óptimo de los recursos públicos, los beneficios sociales que genera cierta intervención gubernamental y los beneficios políticos que estas acciones conllevan. En la medida en que los gobiernos sean capaces de comunicar cómo se utilizan los recursos públicos, los ciudadanos tendremos mayor confianza en las acciones que el gobierno 

ejecuta, principalmente aquellas que buscan mejorar el bienestar social. Es ahí, donde la evaluación de los programas adquiere relevancia y por tanto la necesidad de generar evaluaciones a nivel estatal.

Tres capítulos temáticos sobre salud, educación y seguridad pública para comprender la operación concreta del arreglo federal.

1. Salud:  El Seguro Popular se creó como respuesta a las deficiencias en el Sistema de Salud en México. En primer lugar, únicamente se ofrecía cobertura a los trabajadores asalariados del sector formal de la economía. Como consecuencia, en el año 2000, 50 millones de mexicanos no contaban con un esquema público de aseguramiento médico. Ante la falta de aseguramiento público, el pago de gastos en salud era mayoritariamente cubierto por la población. Adicionalmente, había falta de claridad en la distribución de  recursos a las entidades federativas. En general, los sistemas estatales no contaban con fondos suficientes y por lo tanto, sus servicios eran de muy baja calidad y no atendían las necesidades clave.

Estas deficiencias, sumadas al incremento en la esperanza de vida y la transición epidemiológica de los mexicanos hacia enfermedades de tratamientos más costosos, obligaron al gobierno a reconsiderar el modelo de atención de la salud. Queda pendiente atender la dimensión de la calidad de los servicios de salud,  incluída la heterogeneidad de la calidad en la atención de la salud entre entidades federativas. En este capítulo se describe el contexto en el que se creó el Seguro Popular y se señala cómo funciona y cuáles han sido sus resultados hasta el momento. Asimismo, se analizan las brechas estatales en la calidad de los servicios de salud y sus posibles causas.

2. Educación: Los enormes retos para incrementar la cobertura, la eficiencia terminal y la calidad de la educación en todos los niveles son una responsabilidad compartida entre federación y los estados. La Federación tiene el papel de definir objetivos básicos y reglas generales de la política educativa, así como la responsabilidad de determinar y proveer el grueso del presupuesto asignado a la educación. Sin  embargo, el ejercicio de los recursos está ampliamente descentralizado. Con el ejercicio del gasto, los estados adquieren también la responsabilidad de traducir los objetivos y las reglas que se establecen a nivel central en resultados verificables localmente. También adquieren la responsabilidad de rendir cuentas  sobre los resultados de ese gasto. La obligatoriedad de la educación media superior que se introdujo recientemente a nivel constitucional, pone presión adicional sobre la eficiencia del gasto educativo a nivel estatal. 

Enfrentar la deserción a nivel medio superior pondrá a prueba las capacidades institucionales y presupuestales de los gobiernos estatales. 

3. Seguridad: Durante décadas, la seguridad pública en México fue un asunto circunscrito, salvo  excepciones, al ámbito local y estatal. Esto era resultado de tres hechos:  1) los reducidos niveles de incidencia delictiva; 2) las dimensiones relativamente pequeñas del narcotráfico; y 3) la sujeción de los gobiernos estatales al centro y, como resultado, la existencia de incentivos para mantener los problemas en el ámbito local. El gobierno federal se empezó a dotar de instrumentos jurídicos y materiales para jugar un rol creciente en tareas de seguridad pública y justicia. El personal de la PGR aumentó 53% entre 1995 y 2012. La Secretaría de Seguridad Pública federal cuadruplicó su tamaño entre 2001 y 2012. El gobierno actual aceleró el proceso de centralización de la seguridad pública y, al mismo tiempo, reveló sus límites. Al lanzar una serie de operativos en diversas regiones, el gobierno federal se hizo cargo, en los hechos, de la seguridad de los ciudadanos en buena parte del país. Por diversas vías, el gobierno federal ha buscado resolver el problema y acelerar el proceso de transformación institucional. Sin embargo, los resultados han sido decepcionantes hasta ahora. Ya sea en materia policial o de reforma del sistema de justicia penal, los avances, aunque significativos en algunos casos, han sido muy lentos. Hacia delante, no hay más que dos rutas: 1) se lleva el proceso de centralización hasta el final de su lógica y el gobierno federal asume plenamente toda la responsabilidad por la seguridad de los ciudadanos, ó 2) se modifica la estructura de incentivos para lograr que los gobiernos estatales asuman la responsabilidad primaria por la seguridad pública.

Cada capítulo aborda el problema desde perspectivas distintas y llega a conclusiones diferenciadas. Sin embargo, del conjunto surgen algunas líneas generales del federalismo que quisiéramos y que el país se merece:

- Los gobiernos estatales deben tener responsabilidad  primaria por lo que sucede en sus entidades, salvo en temas estrictamente circunscritos al ámbito federal.

- Si se requiere la intervención federal en un tema de competencia estatal, esta debe ser subsidiaria, de duración limitada y transparente, no substitutiva, opaca y con alcances indefinidos. 

- Los gobiernos estatales deben tener facultades para experimentar con políticas públicas y eso implica flexibilidad en la asignación de recursos presupuestales.

- Como corolario de lo anterior, las finanzas públicas de los estados deben estar sujetas a reglas amplias de transparencia y sus políticas públicas deben ser objeto de evaluación permanente.   

- Los gobiernos estatales deben estar sometidos a una restricción presupuestal dura y la recaudación propia debe ser un componente esencial de su estructura de ingresos.

- Para saldar su deuda de transparencia con la ciudadanía, los gobiernos estatales deben compartir altos estándares de evaluación. Esos estándares deben permitir no sólo conocer con detalle en que se gasto el 100% de los recursos. Además deben demostrar si ese gasto cumplió con su objetivo de manera eficiente.

Sabemos que no hay federalismo perfecto. Donde hay más de una soberanía en un solo territorio con una sola población, el conflicto es inevitable.

Fuente: IMCO-Prensa.

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GESOC Presentó el Índice de Desempeño de los Programas Públicos Federales

Una "caja negra" en gasto social de 153 mil millones de pesos, algo así como 11 mil millones de dólares, es la herencia que dejará el gobierno del presidente Felipe Calderón a Enrique Peña Nieto.

“Caja negra” se le llama a ese hoyo negro existente en las instancias de gobierno dedicadas a la operación del gasto público, cuando no informan del todo en qué han gastado sus recursos.

No informan por ejemplo los resultados de sus programas y la cobertura de la población beneficiada, de ahí que no se conozca públicamente cuál fue el fin de los recursos destinados al gasto publico.

En el caso de la “caja negra” que se dejará en materia de seguridad social en el último año de la actual administración federal, se trata de una millonaria suma que podría sacar de la pobreza extrema a 2.9 millones de hogares mexicanos que se encuentran en esa condición.

“Los ayudaría a pasar de pobreza extrema a moderada”, dice Alejandro González Arreola, director General de Gestión Social y Cooperación (Gesoc) A.C, organización que este martes presentó los resultados del Índice de Desempeño que elaboran de los Programas Públicos Federales.

La Gesoc analizó 163 programas federales de subsidio sujetos a reglas de operación (combate a la pobreza, educación, salud, medio ambiente, entre los más destacados), que en el 2012 recibieron 400 mil millones de pesos del presupuesto de egresos (13.9% del total del Gasto Público Programable).

Los resultados del índice arrojaron que de los 163 programas federales evaluados, 74 de ellos, es decir el 45.4%, formaban parte de la “caja negra” del Gobierno en el rubro de gasto social.

Tres de los programas emblemáticos eran: PROCAMPO, los subsidios federales que se otorgan a organismos descentralizados estatales y los programas de Becas escolares.

En contraste encontraron que 16 de 163 programas, como el Seguro Popular y Abasto Rural Diconsa contaban con una alta calidad de diseño además de que habían alcanzado un avance significativo en el cumplimiento de sus metas.

A este tipo de programas se les clasificó como “óptimos”. En 2012 se le habían destinado 83 mil millones de pesos.

La Gesoc hizo otras tres clasificaciones en el desempeño de los programas. Los de “potencial alto” de desempeño, los “mejorables” y los “escasos”.

En los cinco casos, lanzó recomendaciones a los diputados federales que están por definir el Presupuesto de Egresos 2013, para que tomen decisiones basados en “evidencias” y no por “agendas políticas”.

En el caso de los programas que conforman la “caja negra” pidió no incrementar el presupuesto y endurecer medidas de transparencia y rendición de cuentas para el Decreto de Presupuesto 2013.

Para los programas óptimos, pidió “blindarlos” y un incremento presupuestal que les permita alcanzar o bien preservar la cobertura del 100% de la población beneficiaria.

La Gesoc elaboró además una serie de aplicaciones en su portal de internet con las que se pueden sacar cálculos para saber qué se puede hacegr con esos miles de millones de pesos que no se sabe el destino que tuvieron.

(Con información de Animal Político y Gesoc AC)

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Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) presentó el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2012 que tiene como objetivo evaluar los avances y los retos en el desempeño de la política de desarrollo social implementada en los últimos años, especialmente entre 2008 y 2011, periodo caracterizado por un incremento en los precios de los alimentos y por la crisis económica y financiera internacional que afectó a México.

El Informe tiene como insumos principales las evaluaciones realizadas a las políticas y los programas federales de desarrollo social; los inventarios de programas de desarrollo social, y las mediciones de pobreza con base en los criterios establecidos en la Ley General de Desarrollo Social, cuyos resultados para 2008 y 2010 a nivel nacional, estatal y —sólo en 2010— a nivel municipal, se dieron a conocer en julio y en diciembre de 2011, respectivamente. 

Estos instrumentos de evaluación y de medición se han enviado al Congreso de la Unión; a las secretarías de Hacienda y Crédito Público y de la Función Pública; a las secretarías de Estado que pertenecen al Sistema Nacional de Desarrollo Social; a la Auditoría Superior de la Federación, y a los gobiernos locales. 

EVOLUCIÓN DE LAS CONDICIONES ECONÓMICAS Y DE LA POBREZA

México había sostenido tasas de crecimiento económicas positivas desde 2005, pero a partir del cuarto trimestre de 2008 y durante todo 2009 el crecimiento económico fue negativo, lo cual sucedió en el contexto de la crisis económica mundial y el aumento de precios de los alimentos.

Las tasas de crecimiento volvieron a ser positivas a partir de 2010, alcanzaron una tasa anual de 7.8 por ciento en el segundo trimestre de ese año y desde entonces siguen positivas. A diferencia de lo que pasa en algunos países de Europa, la recuperación de la economía mexicana, después de la crisis financiera de 2009, ha sido más sólida. 

El crecimiento en los precios de los alimentos ha repercutido en el poder adquisitivo de los ingresos laborales a partir del tercer trimestre de 2008. Debido a que los salarios en general se ajustan con la inflación promedio, cada vez que el crecimiento de los precios de los alimentos es mayor que la inflación, hay una pérdida importante del poder adquisitivo del ingreso respecto a los alimentos. 

En esta perspectiva, el crecimiento del PIB per cápita anual promedio del país de 1990 a la fecha fue de sólo 1.2 por ciento. Además, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), el ingreso laboral promedio real en el país no ha crecido entre 1992 y 2010. 

La cobertura de servicios de salud, de educación, y de calidad y servicios en la vivienda, aumentaron de manera importante entre 2008 y 2010, a pesar de la crisis económica. 

La población con carencia por acceso a la salud disminuyó nueve puntos porcentuales: de 40.8 por ciento en 2008 pasó a 31.8 por ciento en 2010. 

A pesar de lo anterior, el ingreso real se redujo y la carencia de acceso a la alimentación aumentó y, por tanto, la pobreza se incrementó en 3.2 millones de personas entre 2008 y 2010.

Sin embargo, la pobreza extrema se mantuvo en 11.7 millones de personas y las carencias promedio de la población en pobreza bajaron de 2.7 a 2.5 entre 2008 y 2010.

PROTECCIÓN SOCIAL

Características de la protección social actual

La población del país con acceso a programas sociales o a la seguridad social aumentó, especialmente entre la población con menores ingresos. La población que no estaba cubierta por la derechohabiencia o no contaba con programas sociales, como Oportunidades, adultos mayores, becas y Procampo, entre otros, pasó de 50.1 a 39.5 por ciento entre 2006 y 2010. En el caso de la población con ingresos más bajos, la población que no estaba cubierta de ninguna forma pasó de 38.8 a 22.3 por ciento entre 2006 y 2010. 

La población con carencia por acceso a la salud disminuyó nueve puntos porcentuales: de 40.8 por ciento en 2008 a 31.8 por ciento en 2010, lo cual se debió en buena medida al avance en afiliación del Seguro Popular.

Hubo avances importantes en la cobertura de programas sociales que atienden riesgos asociados a la seguridad social. Se creó el programa de 70 y más para atender a los adultos mayores que no cuentan con una pensión de retiro que para 2011 atendió a 2,149,024 personas adultas mayores. El programa de Estancias Infantiles, desde que inició su operación en 2007, ha aumentado su cobertura en 125 por ciento, atendiendo a 264,164 personas en 2010.

Sin embargo, las políticas de protección social, así como las de desarrollo social, no están directamente asociadas a los derechos sociales. Los progresos de la Ley General de Desarrollo Social no se han convertido en instrumentos coordinados y eficaces de política pública. A pesar del avance en los distintos objetivos de política pública, aún no es posible materializar el ejercicio de derechos sociales.

El nivel de acceso y la calidad de los programas de protección social son desiguales pues se entregan bienes y servicios diferentes a individuos con necesidades y riesgos similares. 

Adicional al programa 70 y más, en 2011 se identificaron al menos 13 programas similares, no contributivos, en las entidades federativas. Sin embargo, no en todos los casos existe información sistematizada accesible sobre características y resultados de los programas de los gobiernos locales por lo que el análisis se reduce al ámbito federal. 

Protección social en México en el contexto de la crisis de 2009

No existen instrumentos eficaces dirigidos a la población vulnerable residente en áreas urbanas y que, además, puedan activarse frente a crisis inesperadas.

La expansión del programa Oportunidades protegió a más familias, pero éste no es un programa adecuado para enfrentar crisis económicas coyunturales. El incremento presupuestal del Programa de Empleo Temporal (PET) es una respuesta más eficiente a este tipo de crisis, pero el monto del programa resulta insuficiente.

Existen aún áreas de oportunidad en la atención a la población residente en localidades pequeñas, pues un número importante de éstas no es atendida por los programas sociales. 

Hay 505,910 hogares que no son beneficiarios de Oportunidades ni del programa de Apoyo Alimentario en localidades de menos de 100 mil habitantes.

Resultados de algunos de los Programas y Acciones de desarrollo social, 2008-2011

En términos de la dimensión de bienestar económico, poco más de uno de cada 10 pesos del gasto funcional en desarrollo económico se destinó en 2008-2011 a programas de desarrollo social que fomentan el bienestar económico y la generación de ingresos en los hogares mexicanos. 

Si bien ciertos programas han tenido algunos resultados, en el agregado, el impacto de los programas de desarrollo social es modesto para poder revertir los retos estructurales del mercado laboral. Por lo anterior, es importante subrayar que el incremento sostenido del poder adquisitivo del ingreso en el país debería provenir de las mejoras en el crecimiento económico, en el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios (especialmente de los alimentos), entre otras variables. 

Incidencia distributiva y equidad del gasto de las acciones y programas sociales

En conjunto, el gasto público en alimentación es altamente progresivo; el gasto en educación es moderadamente progresivo; el gasto en salud es prácticamente neutral, mientras que los recursos públicos ejercidos en bienestar económico y seguridad social son regresivos en términos absolutos.

Si bien no todos los programas o acciones deben ir necesariamente a la población en pobreza, se observa que diversas acciones se dirigen a la población con más recursos, lo cual disminuye la progresividad de la política de desarrollo social.

Dispersión de programas de desarrollo social federales

Existen 273 programas a nivel federal y 2,391 de las entidades federativas. De las intervenciones a nivel estatal no se cuenta con información sistematizada sobre sus resultados.

Existen y se han generado recientemente programas de desarrollo social, lo que sugiere una gran dispersión y una potencial falta de coordinación entre instancias federales y gobiernos locales.

Es débil la coordinación y complementariedad entre entidades y dependencias para entregar beneficios a la población vulnerable y en pobreza. A pesar de que existen espacios institucionales de colaboración entre instancias de gobierno (la Comisión Intersecretarial y la Comisión Nacional de Desarrollo Social, por ejemplo), hay programas e instituciones dirigidas a cubrir riesgos similares de carácter contributivo y no contributivo, tanto a nivel federal como estatal. Sin embargo, no en todos los casos existe información sistematizada accesible sobre características y resultados de los programas locales por lo que el análisis se reduce al ámbito federal. 

La política de desarrollo social y los pueblos indígenas 

Los programas dirigidos a la población indígena contribuyen a las políticas de equidad, a la justicia social y abordan problemáticas prioritarias y urgentes de estos pueblos y comunidades. Además, son programas progresivos. Sin embargo, es necesario seguir avanzando en los esfuerzos para medir sus impactos y que el conjunto de estas estrategias logre revertir el atraso histórico de la población indígena.

Monitoreo y evaluación en el Gobierno Federal y en las entidades federativas. 

En los últimos años, las prácticas de monitoreo y evaluación, se mejoraron e institucionalizaron tanto la medición de pobreza en el país, como el proceso de evaluación a nivel federal. Estos ingredientes deben ser parte de los procesos de planeación y de toma de decisiones en la política pública; también deben ser instrumentos que contribuyan a consolidar la democracia en el país. 

En las entidades federativas la normativa identifica un área encargada de realizar la evaluación y/o el monitoreo de la política y/o los programas estatales de desarrollo social. 

Asimismo, la mayoría de las entidades federativas han incluido en su normativa local la obligación de evaluar las políticas y/o programas estatales de desarrollo social. Sin embargo, los ejercicios de evaluación detectados en los gobiernos locales son casos aislados, no se encuentran sistematizados o son anteriores a 2011.

La información difundida de los programas estatales de desarrollo social así como los ejercicios de Reglas de Operación y padrones de beneficiarios detectados no son homogéneos en cuanto a la accesibilidad, contenido, estructura, formato de presentación y nivel de desagregación. Asimismo, en la mayoría de las entidades federativas no se tiene regulación para la creación de programas nuevos, lo cual permite que los problemas actuales se generen en programas de nueva creación.

Son insuficientes los elementos de evaluación rigurosa en entidades federativas y municipios.

RECOMENDACIONES

El objetivo de la política de desarrollo social debe ser el acceso efectivo a los derechos sociales, que son universales.

Por ello, es necesario contar con estrategias universales que incluyan programas focalizados para cumplir con el acceso efectivo de todos los grupos.

Las causas o determinantes de la pobreza son la falta de empleos y salarios bajos, aumento en el precio de los alimentos, insuficiente cobertura y calidad de los servicios de salud y educación, insuficiente cobertura de seguridad social, baja productividad y competitividad, insuficiente inversión pública y privada y desigualdad de oportunidades.

Por ello, los programas de desarrollo social deben ser un complemento de las políticas más integrales y profundas que incrementen el crecimiento económico y el ingreso real en el país, así como la búsqueda del acceso efectivo a los derechos sociales.

El crecimiento económico es una condición necesaria para el cumplimiento de derechos sociales de forma eficiente y para poder elevar el nivel de vida de la población.

Sólo una secretaría del Gobierno Federal tiene como objetivo el reducir la pobreza. Esta problemática se replica a nivel estatal. Las áreas económicas y otros sectores sociales no tienen como uno de sus objetivos el combate a la pobreza. Por lo que se recomienda que diversas áreas del Gobierno Federal y de los gobiernos locales tengan como objetivo reducir la pobreza.

Se recomienda la construcción de un Sistema de Protección Social que contribuya al ejercicio efectivo de los derechos sociales, el cual esté integrado conceptual e institucionalmente, tenga cobertura para toda la población y cuente con instrumentos para enfrentar tanto los riesgos de largo como de corto plazo, entre otros aspectos.

Algunas características básicas de este Sistema deben ser las siguientes:

1) el acceso efectivo a un sistema de salud centrado en la atención de primer nivel y con enfoque preventivo; 

2) la existencia de políticas activas de empleo eficientes y un seguro de desempleo, de una pensión de vejez universal, un “piso mínimo” que garantice un ingreso básico para todos, y 

3) contemplar la modificación del actual esquema de financiamiento de la seguridad social para lograr la cobertura universal.

Integración de un Sistema Nacional de Servicios de Salud con las siguientes características:

- En el que se fortalezca la rectoría de la Secretaría de Salud.

- Universal, con énfasis en la atención primaria y con enfoque preventivo.

- Financiado con impuestos generales y que utilice las infraestructuras pública y privada, sujeto al cumplimiento de requerimientos legales.

- Portable mediante la adscripción inicial a una unidad de salud con un padrón único de beneficiarios y un expediente clínico electrónico.

Para la atención de poblaciones dispersas:

- Dotar de recursos básicos para la atención primaria.

- Integrar todos los programas de servicios a la salud.

- Implementar seguros de desempleo contributivos que no afecten las pensiones de retiro, considerando al menos dos modelos: sistema de reparto y sistemas de cuentas individuales, y analizar la factibilidad de eliminar las indemnizaciones.

- Se sugiere fortalecer las políticas activas de empleo (capacitación, bolsa de trabajo, apoyos para traslados), considerando el servicio personalizado de atención y la ampliación de los programas tomando en cuenta las diferencias en la desocupación y subocupación en los ámbitos rural y urbano.

- Mayor coordinación entre los programas de políticas activas y de becas para estudios de educación superior.

- Fortalecer el Programa de Empleo Temporal como mecanismo de apoyo a los periodos estacionales, de contingencias laborales y naturales. Buscar su expansión a zonas urbanas.

- Fortalecer los esquemas de coordinación de los diferentes programas públicos de  guarderías que apoyen la participación laboral.

- Consolidar la protección social en pensiones, estableciendo una pensión universal mínima de retiro para todos financiada con impuestos generales con destino específico. El beneficio de la pensión sería de contribución definida. Las pensiones de tipo universal no contributivas serían de carácter complementario a las de carácter contributivo. Las pensiones deberán tener un esquema de sostenibilidad financiera a través de un sistema de prepago. Asimismo, se requiere un mecanismo de corresponsabilidad, por lo que se sugiere considerar al menos un registro fiscal, y de ser posible acciones preventivas de 

Salud

- Mejorar la definición e identificación de discapacidad que contribuya a asignar las pensiones de Riesgos de trabajo e Invalidez.

- Analizar los mecanismos de transición entre pensiones de los titulares y sus beneficiarios.

- Mejorar la eficiencia del gasto público, mediante la coordinación, alineación y, en su caso, eliminación de programas sociales de los tres órdenes de gobierno.

- Analizar diferentes opciones para garantizar un “piso mínimo” de ingreso a la población que disminuya o prevenga su vulnerabilidad.

Coordinación efectiva de transferencias focalizadas a la población en pobreza extrema, a partir de una nueva estrategia en el marco de los programas ya existentes, complementados con nuevos programas dirigidos a las poblaciones en pobreza extrema actualmente excluidas de estos programas (en comunidades dispersas y de difícil acceso o en comunidades urbanas más prosperas).

Renta básica ciudadana. Transferencia monetaria a toda la población como estrategia de no exclusión de la población con bajos ingresos.

Piso mínimo solidario. Transferencia monetaria a toda la población como estrategia de no exclusión de la población con bajos ingresos, pero sugiriendo que cualquier persona puede donar su transferencia para mejorar la infraestructura social de las localidades más pobres.

Programa de Empleo Temporal Universal. Pago de un porcentaje del salario mínimo a cambio de actividades comunitarias o de infraestructura. Esto es especialmente importante en áreas urbanas, pues actualmente no existen sistemas de protección eficaces en estas zonas.

- Analizar la ampliación del programa de Desarrollo Humano Oportunidades en las zonas en las que no se cuenta con oferta de servicios médicos, mediante la vinculación con acciones en localidades con población dispersa.

(Con datos de Prensa CONEVAL)

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PwC: México y sus Estados de Oportunidad 2012

Según la publicación “México y sus Estados de oportunidad 2012”, elaborada por Price waterhouse Coopers, México en colaboración con la UNAM, el 80% de los Estados en México y sus zonas metropolitanas se encuentran en una etapa media de desarrollo y crecimiento. Los Estados en esta etapa han implementado los elementos de cambio básicos iniciales relacionados con aspectos económicos, de infraestructura, sociales, tecnología y desarrollo urbano, entre otros.

El estudio presenta datos contundentes de una nación rica en oportunidades, capacidades y talento, así 

como a una ciudadanía comprometida con el cambio de las instituciones y de su entorno, con una mirada hacia el futuro, pero consciente de que hay que construirlo desde el presente. La edición muestra el grado de avance de los Estados a partir de diez indicadores clave que impactan directamente en la calidad de vida de los ciudadanos como Transparencia, Desarrollo Económico, Infraestructura, Tecnología, Salud y Educación, entre otros.

A continuación compartimos los principales hallazgos de esta investigación:

Sin duda, las políticas implementadas han reforzado la estabilidad macroeconómica y siguen abriendo la economía mexicana. En relación con el PIB, es destacable mencionar que el nacional es mayor al de China o Rusia y mucho mayor que Brasil.

Durante las últimas dos décadas, la política económica ha establecido el fortalecimiento de las exportaciones, promoción del desarrollo del mercado interno y sustitución de importaciones, y alentar el desarrollo de grupos industriales regionales y sectoriales.

Hoy, nuestras exportaciones ya no solo miran hacia Estados Unidos, nuestro cliente de costumbre, sino también hacia América Central y del Sur y Asia.

Las oportunidades de inversión e innovación abundan en todo el país, de norte a sur y de este a oeste.

Las empresas privadas se han comprometido con la implementación de políticas que promuevan la competitividad, integración de cadenas productivas y la innovación.

En el país podemos identificar dos sectores que han alcanzado una etapa de madurez: el automotriz y la tecnología de la información, software y hardware. Sin duda, estos sectores han invertido no solo en procesos, sino que han leído el mercado aprovechando oportunidades estratégicas como es la ubicación de sus plantas.

Las zonas metropolitanas no sólo dan lugar al desarrollo económico, sino también a la vivienda, cuidado de la salud, transporte, ideas y acceso a la tecnología. Los resultados de las variables analizadas ilustran que al menos, en el caso mexicano, la construcción de ciudades es un proceso de muchos años, de hecho ha sido esfuerzo de siglos.

Para que una localidad se pueda desarrollar, existen factores que permitan a la iniciativa privada establecerse, por ejemplo, el contar con instalaciones que proporcionen energía a un costo razonable o medios de transporte. Sin duda, este último es un área de oportunidad, ejemplos de esto son los transportes sustentables, como el metrobus que hoy ya se desarrolla en varias ciudades y son ejemplo de eficiencia energética y movilidad.

¿Qué tanta facilidad hay para hacer negocios?

De los 31 Estados, seis se encuentran en etapa Avanzada y 25 en una etapa Media alta, por lo tanto,

una revisión a procedimientos, sin duda, podría lograr que hubiera mayor atractivo para las

inversiones.

¿Qué  sucede con la infraestructura y la construcción de caminos?

Debido a que México busca activamente mejorar su competitividad, algunas de las transformaciones

importantes han sido que el financiamiento de la infraestructura sea una prioridad estatal y que hayan

surgido diferentes planes.

Tres Estados se encuentran en una etapa Avanzada, cuatro en etapa media y 24, es decir, el 77% en una

media alta.

Por lo que consideramos que una solución inmediata es el diseño de planes y proyectos específicos,

tales como los propuestos en los proyectos de las 100 carreteras, en contar con los recursos

financieros disponibles para implementar esos planes y proyectos.

¿Cómo conciliar el desarrollo urbano con la sustentabilidad?

México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en biodiversidad, y no por mera coincidencia se ubica entre los  diez primeros  países en densidad cultural y el lugar once en la economía mundial.

Sin duda, un punto sensible será el tema de sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos, el uso inteligente de estos permitirá a México y sus industrias una mejora competitiva.

Hoy los municipios enfrentan un reto en cuanto al manejo de residuos sólidos, que incluye la recolección, transporte, transferencia, uso y disposición oficial de residuos.

Sin duda esta planeación acompaña a un Desarrollo Urbano.

¿Qué encontramos en los Estados?.

Tres están en una etapa en desarrollo, 26 en una etapa media y dos en una media alta. Si consideramos que como Desarrollo Urbano nos referimos al crecimiento y calidad de los nuevos desarrollos inmobiliarios de la ciudad, así como el nivel de bienestar derivado del crecimiento urbano y su planeación; y el acceso al crédito para vivienda entonces hay sin duda muchas oportunidades en la que se puede trabajar.

Implementación de reformas, sistema judicial y de seguridad

Algunos Estados operaron un cambio importante en el tema de procuración de justicia dado que poseen un muy buen sistema de justicia alternativa que logró reunir a todas las instituciones que tendrían que estar al tanto de un tema delictivo. ¿Qué encontramos? Un Estado está en etapa avanzada, 12 en media y 19 en media alta.

Hay dos razones últimas para llevar una reforma en materia de seguridad y justicia: la primera tiene que ver con la urgencia del problema y la segunda con la necesidad de ofrecer una respuesta cabal a la pregunta:

¿cómo queremos que funcione la sociedad mexicana en los siguientes años?

La implementación de un sistema de justicia o, en general, de seguridad, requiere un enfoque multifactorial y multidimensional. Será entonces que, el gobierno y la iniciativa privada tienen que poner manos a la obra para sacar adelante este tema.

¿Qué ha pasado en materia de salud?

Los mayores retos están en la expansión de la cobertura y mejora de la calidad de los servicios de cuidado de la salud. La creación y operación de hospitales con un nivel de operación eficiente es una demanda inmediata que deberá cristalizarse en un corto plazo.

Nuevas áreas de oportunidad se abren diariamente para el sistema de cuidado de la salud, demostrando que este es un sector altamente dinámico cuya operación depende de su conexión con la administración central del estado.

La salud de los mexicanos no espera,  un Estado se encuentra en la etapa avanzada, 16 en la media alta y 13 en etapa media. Aquí tenemos la gran oportunidad para que tanto los que se encuentran todavía en este proceso, logren cerrar filas

Educación

Una educación de nivel viene a cerrar el círculo en el desarrollo del país. Sin duda, estamos obligados a

educar, es decir, sembrar para cosechar.

Hoy día para México, el reto es entrar al proceso educativo terciario y de posgrado para producir las y los científicos, técnicos calificados o artistas multidisciplinarios y profesionales en general que el país necesita.

México necesitará aprender a construir y reconstruir el sistema educativo para que se incluyan necesidades específicas y al mismo tiempo exista un mayor desempeño de calidad.

En la actualidad la búsqueda de una mejor calidad educativa a nivel secundaria y preparatoria, así como el aumento en el número de estudiantes a nivel posgrado, son asuntos que merecen gran atención en la política pública. Aquí encontramos que 14 Estados están en la etapa media, ocho en la media alta, cinco en desarrollo y cuatro en avanzada.

Cultura y turismo

Sin duda la cultura y el turismo son áreas clave para el desarrollo del país. En México tenemos un grupo de ciudades que son destinos turísticos reconocidos y que mucho se beneficiarían de la consolidación de sus actividades culturales, deportivas, recreativas y de descanso.

En este tema encontramos que 12 Estados están en la etapa de desarrollo, 12 en la media, seis en la media alta y uno en la etapa avanzada.

Estos son solo algunos de los datos que podemos encontrar, no se trata de exponer aquí cifras que pudieran ser leídas de forma simple. Se trata de reconocer que este país es el esfuerzo de todos aquellos que día a día tienen un motivo para seguir creyendo en la posibilidad de hacer esto de manera diferente.

(Con datos de PwC-Prensa)

Descargar estudio completo.

CIDE da a conocer el Índice de Competitividad de las ciudades de México

El próximo viernes 16 de noviembre, a las 10 horas, en el Auditorio Santa Fe del Centro de Investigación y Docencia Económica, se dará a conocer al público en general, el Indice de Competitividad de las Ciudades de México.

Tal estudio será presentado por el doctor Enrique Cabrero, Director del CIDE y comentado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Marcelo Ebrard.

El estudio se realiza cada cuatro años y en el cual se analizan las condiciones de competitividad de las ciudades de México, considerando cuatro variables como son las de tipo urbano, económico, institucional y características sociodemográficas.

IMCO Presentará el Indice de Competitividad Estatal 2012

Será el próximo  22 de Noviembre cuando el Instituto Mexicano para la Competitividad, que dirige el investigador Juan E. Pardinas presente el nuevo Indice de Competitividad Estatal, correspondiente a 2012.

El evento se realizará en el Hotel Marriot Reforma de la ciudad de México.

Con el nombre ¿Dónde quedó la bolita?: Del federalismo de la recriminación al federalismo de la eficacia, el IMCO dará a conocer los resultados de un estudio que ha logrado posicionarse como una fuente de información privilegiada para las entidades federativas de México.

CIDAC: México 2012, seamos el punto de inflexión

En los últimos años México ha cambiado para bien. Sin embargo, no lo suficiente para lo lograr el crecimiento económico que necesitamos: sólo 1.78% aumentó en promedio el PIB de 2000 a 2011.

Este video animado describe algunos de nuestros éxitos y fracasos de la última década y presenta las oportunidades que como país tenemos frente a nosotros. 2012 puede ser el punto de inflexión. El crecimiento de una sociedad civil activa y vigilante, el involucramiento de líderes sociales, culturales y de negocios, y el cambio de más de 1,700 cargos de elección en todo el país, nos da una nueva oportunidad para desafiar el status quo y proponer soluciones innovadoras. Seamos el punto de inflexión.

Cómo beneficiará a los mexicanos la Ley General de Contabilidad Gubernamental

¿Cómo beneficiará a los mexicanos la recién aprobada Ley de Contabilidad Gubernamental?.

Se trata de la propuesta en la que el presidente de México, Felipe Calderón, solicitó al Congreso de la Unión una serie de modificaciones legales, con carácter de preferentes, para transparentar y armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos de los tres órdenes de gobierno.

Partiendo de la pregunta del primer párrafo, fue cómo se logró establecer los alcances de la iniciativa gubernamental, que a decir de los senadores que la aprobaron traerá beneficios en la rendición de cuentas y la transparencia financiera a la administración pública federal, estatal y municipal.

Para la senadora del PRI, Blanca María del Socorro Alcalá, por ejemplo, con la iniciativa se tendrá un ordenamiento jurídico viable para mejorar la rendición de cuentas y transparencia de los tres órdenes de gobierno; para el senador del PAN, Carlos Mendoza Davis, la reforma marcará un precedente, ya que cumple con una demanda de la sociedad y garantiza que la rendición de cuentas y honestidad se vuelvan una obligación; en tanto, para el senador del PRD, Mario Delgado, los cambios a la ley permitirán la generación de información consolidada en apoyo a la planeación nacional y regional, además que dispondrá de esquemas que apoyen la gestión gubernamental.

Con motivo de la votación que se dio el 5 de Noviemnre en la Cámara de Senadores, donde la propuesta de Calderón fue aprobada con 106 votos a favor y 5 en contra (el de los senadores del PT), presentamos los alcances que podría acarrear la iniciativa de Felipe Calderón de implementarse correctamente.

Favorecerá la generación de información financiera

Las entidades federativas remitirán a la Secretaría de Hacienda, la información sobre el ejercicio y destino de los recursos federales que reciban dichas entidades federativas y, por conducto de éstas, los municipios y las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios.

Para la remisión y la divulgación de esta información no podrá oponerse la reserva fiduciaria, bursátil, bancaria o cualquier otra análoga.

Mejorará la transparencia presupuestal.

Se le pide a los estados y municipios publicar, cada 3 meses, en sus páginas de internet, los estados financieros de sus gastos, de tal suerte que cualquier ciudadano podrá acceder a la información de los gastos de todas las dependencias que reciben recursos de la federación.

Habrá más apertura de la difusión de la información financiera.

La Secretaría de Hacienda, las secretarías de finanzas o sus equivalentes de las entidades federativas, así como las tesorerías de los municipios y sus equivalentes en las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, establecerán, en su respectiva página de Internet, los enlaces electrónicos que permitan acceder a la información financiera de todos los entes públicos que conforman el correspondiente orden de gobierno así como a los órganos o instancias de transparencia competentes.

Dispondrá de esquemas que apoyan la gestión gubernamental.

La ley prevé la conformación de consejos, integrados por autoridades estatales y municipales, para vigilar el adecuado uso de los recursos. Los consejos, en coordinación con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social establecerán las normas, metodologías, clasificadores y los formatos con la estructura y contenido de la información para armonizar la elaboración y presentación de la información que se presente.

Transparentará y homologará la información financiera.

Las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, así como el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, serán los encargados de homologar y estandarizar tanto las evaluaciones como los indicadores estratégicos y de gestión de las finanzas.

Trasparentarán los pasivos y la deuda pública.

Obliga a los gobiernos de las entidades federativas, de los municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal, a integrar en sus balances financieros toda la información relativa a las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza, con contrapartes, proveedores, contratistas y acreedores.

Se tendrá información del gasto federalizado, del ramo 33.

En rubros como salud y educación, los estados estarán obligados a entregar a la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, de manera trimestral, así como publicar en sus páginas de internet, informes detallados del pago que se le da al personal comisionado y con licencia en escuelas y hospitales, con nombres, tipo de plaza, número de horas, funciones específicas, claves de pago, fecha de inicio y conclusión de la comisión o licencia, así como el centro de trabajo de origen y destino; además de informes para saber en qué se están gastando los recursos federales, entre los más importantes.

Dicha información deberá contener como mínimo los siguientes rubros: Grado de avance en el ejercicio de los recursos federales transferidos; Recursos aplicados conforme a reglas de operación y, en el caso de recursos locales, a las demás disposiciones aplicables y proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados.

Se transparentará gasto en seguridad.

Los estados periódicamente difundirán en Internet la información relativa a los fondos de ayuda federal para la seguridad pública, incluyendo lo siguiente: La información sobre el ejercicio, destino y cumplimiento de los indicadores de desempeño de los programas beneficiados con los recursos de los fondos; así como las disponibilidades financieras con que, en su caso, cuenten de los recursos de los fondos, correspondientes a otros ejercicios fiscales.

Sancionará de 2 a 7 años de prisión a malos funcionarios

Se contemplan sanciones de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo, a quienes causen daño a la hacienda pública o al patrimonio, no lo eviten o no lo informen a su superior jerárquico.

(Con información de ANIMAL POLÍTICO)

Ver Iniciativa en Gaceta del Senado